Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 24, según aprobada el 10 de febrero de 2025, a los fines de extender el término de tiempo de las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Gobierno del Senado de Puerto Rico, para rendir su informe final; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 287, según aprobada el 1 de octubre de 2025, a los fines de extender el término de tiempo de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, para rendir su informe final; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Resolución del Senado 287, aprobada el 1 de octubre de 2025, para extender el plazo que tiene la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico para presentar su informe final. El cambio principal es la concesión de tiempo adicional para que la comisión complete su labor de estudio y recomendación sobre temas de vivienda y bienestar social.

Para ordenar a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 300-1999, según enmendada, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”, así como el impacto en la regulación de programas locales y federales; y para otros fines.

Esta resolución ordena a varias comisiones del Senado de Puerto Rico (Vivienda y Bienestar Social; Gobierno; Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; y Salud) a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y operación de la Ley 300-1999 y la Ley 224-2015, ambas según enmendadas. La investigación se centrará en los procesos de verificación de antecedentes penales (background checks) mediante huellas dactilares, sus mecanismos, costos para solicitantes y agencias, listas de espera, capacidad del sistema, y el impacto en programas locales y federales, incluyendo la posible pérdida de fondos federales. Afecta directamente a las agencias gubernamentales involucradas en el proceso de verificación y a los ciudadanos que requieren estas certificaciones para empleo en sectores vulnerables.