Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el estado actual de las visas H-2A y la utilización de estas para empleos agrícolas en Puerto Rico, con énfasis en la industria cafetalera, y analizar cómo los cambios en la política pública federal podrían impactar a este sector.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la efectividad de los programas, servicios, financiamiento e incentivos dirigidos al sector agropecuario; sobre la implantación de la política pública establecida sobre seguridad alimentaria, energía renovable, desarrollo rural sostenible, condiciones laborales del trabajador agrícola; y sobre su cumplimiento por parte de las agencias relacionadas con la agricultura en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 83 ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la efectividad de los programas, servicios, financiamiento e incentivos dirigidos al sector agropecuario. La investigación también abarcará la implantación de políticas públicas en áreas como seguridad alimentaria, energía renovable y desarrollo rural sostenible, así como las condiciones laborales del trabajador agrícola y el cumplimiento de las agencias relacionadas. La Comisión podrá celebrar vistas públicas, citar funcionarios y requerir información, debiendo rendir informes periódicos y un informe final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

“Para ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de la producción y comercialización del café en Puerto Rico. Dicha investigación deberá incluir, pero no limitarse al análisis del papel de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) en el sector cafetalero, la dependencia de la Isla a las importaciones para satisfacer la demanda interna, los precios a los que la ADEA adquiere el café importado y lo revende a las torrefactoras, los aspectos relacionados con el financiamiento de dichas importaciones, el impacto de eventos climáticos extremos en la producción local, la escasez de mano de obra en el sector, el riesgo de una posible crisis en la industria cafetalera, y las posibles medidas para fortalecer y sostener la industria cafetalera local.”

Esta Resolución del Senado (RS 160) ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la producción y comercialización del café en la Isla. La investigación debe analizar el rol de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), la dependencia de importaciones, los costos de adquisición y reventa de café importado por ADEA, el impacto climático, la escasez de mano de obra, el riesgo de crisis en la industria y posibles medidas de fortalecimiento. La Comisión tiene facultades para celebrar vistas, citar testigos y requerir información, y debe presentar un informe final con hallazgos y recomendaciones al Senado.

Para ordenar a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para conocer y evaluar el estado actual y la ejecución de los programas de recuperación destinados a la industria agrícola.

La Resolución del Senado 51 ordena a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es evaluar el estado actual y la ejecución de los programas de recuperación destinados a la industria agrícola, incluyendo la efectividad de los programas, desembolsos, beneficiarios e impacto. Las comisiones tienen 180 días para rendir un informe detallado con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación para evaluar la viabilidad de crear un programa para la asignación de terrenos en desuso y propiedad de alguna instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, mediante el mecanismo de usufructo, a agricultores bona fides con el objetivo de promover este importante sector de la economía de la Isla; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 70 ordena a las Comisiones de Gobierno y Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la viabilidad de crear un programa para asignar terrenos gubernamentales en desuso a agricultores bona fide mediante el mecanismo de usufructo. El objetivo es promover el sector agrícola de la Isla. La investigación deberá rendir un primer informe en 180 días desde el inicio de la Tercera Sesión Ordinaria (aproximadamente junio de 2026) y un informe final antes de que concluya la Séptima Sesión Ordinaria (aproximadamente junio de 2028).

Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de las condiciones de sequía severa y extrema que afectan la región sur de Puerto Rico sobre la actividad agrícola y ganadera; evaluar la disponibilidad, distribución y manejo de los recursos de agua destinados a los sistemas de riego agrícola; examinar el cumplimiento con las disposiciones de la Ley 34-2022, conocida como la “Ley para Salvaguardar la Asignación de Agua de los Embalses para los Sistemas de Riego Agrícola”; determinar la disponibilidad, elegibilidad y acceso de los agricultores y ganaderos afectados a programas estatales y federales de asistencia, mitigación y recuperación; evaluar la necesidad de adoptar medidas legislativas adicionales dirigidas a fortalecer la seguridad hídrica y la resiliencia del sector agrícola de la región sur; y para otros fines relacionados..

La Resolución del Senado 579 ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de la sequía severa y extrema en la región sur de la isla, afectando directamente a agricultores y ganaderos. La investigación evaluará la gestión de recursos hídricos para riego, el cumplimiento de la Ley 34-2022, el acceso a programas de asistencia estatal y federal, y la necesidad de nuevas medidas legislativas para fortalecer la seguridad hídrica y la resiliencia del sector agrícola. El informe debe presentarse en un plazo de 90 días.