Para enmendar el Artículo 5 de Ley 84-2021, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social” con el fin de incluir entre los miembros de la Comisión para Combatir la Pobreza y la Desigualdad Social en Puerto Rico al Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o su representante designado, a la Procuradora de las Mujeres o su representante designado, un (1) representante designado por la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, un (1) representante designado por la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, así como dos (2) miembros en representación del interés público recomendados respectivamente, uno (1) por el Presidente(a) de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y uno (1) por el Presidente(a) del Senado de Puerto Rico al Gobernador(a); establecer los debidos procedimientos para tal designación; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 1, enmendar y renumerar los actuales Artículos 1 y 2 como nuevos Artículos 2 y 3 respectivamente, así como renumerar los actuales Artículos 3, 4 y 5 como nuevos Artículos 4, 5 y 6 de la Ley 185-2018, conocida como “Ley del Foro Anual para la Prevención y Combate de la Delincuencia Juvenil”, a los fines de enmendar su título, ampliar el alcance de dicho Foro Anual de la Asamblea Legislativa para que su celebración se extienda a toda la segunda semana de agosto de cada año, incluir expresamente el abuso o maltrato de menores dentro del proceso de discusión informada que este Foro mandata y añadir a los municipios, el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina de la Administración de Tribunales, entre otros, como participantes del mismo, con el propósito de identificar ajustes o cambios a los esfuerzos interagenciales y municipales de programas en uso y las enmiendas necesarias al marco legal vigente en Puerto Rico sobre estos temas fundamentales; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto de la Cámara 1106 enmienda la Ley 185-2018 para renombrar el Foro Anual para la Prevención y Combate de la Delincuencia Juvenil y ampliar su alcance para incluir expresamente el abuso y maltrato de menores. Extiende la celebración del foro de un día a toda la segunda semana de agosto y formaliza la participación de múltiples agencias gubernamentales (Educación, Familia, Justicia, Corrección, Policía, Administración de Tribunales) y municipios. Su objetivo es identificar ajustes a esfuerzos interagenciales y municipales, y proponer enmiendas legales necesarias sobre estos temas.

Para enmendar el sub inciso (1) del inciso (B) del Artículo 6 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a fin de reestructurar y reorganizar el cuerpo de comisionados y el nombramiento del presidente de la Comisión Industrial.

Esta medida propone enmendar el Artículo 6(B)(1) de la Ley Núm. 45 de 1935, conocida como la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Busca reestructurar y reorganizar el cuerpo de comisionados de la Comisión Industrial de Puerto Rico y el nombramiento de su presidente. El objetivo principal es fortalecer la estabilidad y continuidad en la dirección de la Comisión, afectando directamente a sus comisionados, su presidente y, en última instancia, a los trabajadores y patronos que utilizan sus servicios para la resolución de reclamaciones.

Para establecer la “Ley para Declarar un Estado de Emergencia por Violencia Infantil en Puerto Rico”, a los fines de declarar un estado de emergencia estatal por la violencia infantil, según las disposiciones y términos que establece esta Ley; y para otros fines relacionados.

Esta medida establece la "Ley para Declarar un Estado de Emergencia por Violencia Infantil en Puerto Rico" por un periodo de tres (3) años. Busca mejorar la respuesta institucional a la violencia infantil mediante la asignación de deberes específicos y la creación de protocolos para agencias como el Departamento de la Familia, Justicia, Seguridad Pública y Educación. Se ordena la recopilación y publicación de estadísticas unificadas, la revisión de salarios para trabajadores sociales y la priorización de casos de tortura y menores desaparecidos, afectando directamente a las agencias gubernamentales, el sistema judicial y, en última instancia, a los menores en riesgo y sus familias.