Para enmendar los Artículos 2.004 y 5.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico” a los fines de prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 10.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico” a los fines de eliminar la aplicación de dicho artículo a la Rama Judicial del Gobierno de Puerto Rico; para autorizar a la Oficina de Administración de los Tribunales y a la Oficina del Contralor Electoral a emitir reglamentación para cumplir con los propósitos de la presente ley; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley 222-2011 para excluir a la Rama Judicial del Gobierno de Puerto Rico de las disposiciones del Artículo 10.006, que regula la difusión de información gubernamental financiada con fondos públicos durante años electorales. Se autoriza a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) a emitir reglamentación. Afecta directamente al Poder Judicial, eximiéndolo de la fiscalización de la OCE sobre sus gastos de difusión pública en periodos electorales.

Para enmendar los Artículos 1.001, 2.004, 3.003A, 3.008, 3.009, 3.015, 3.016, 3.017, 5.001, 5.003, 5.004, 5.005, 6.000, 6.008, 6.010, 6.011, 7.000, 7.001, 7.002, 7.003, 9.002, 10.000, 12.004, 13.000, 13.001, 13.002, 13.003, 13.004, 13.005, 13.006, añadir los nuevos Artículos 3.017, 13.005A, eliminar el Artículo 7.001 y renumerar los Artículos 7.002, 7.003, 7.004, 7.005, 7.006, 7.007, 7.008, 7.009, 7.010, 7.011 y 7.012 de la Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a fin de dejar sin efecto las enmiendas introducidas por la Ley 58-2020 sobre coordinación de gastos; facultar a la Oficina del Contralor Electoral a emitir órdenes de embargo, retención y descuento para obtener el pago de multas; aclarar que la Oficina del Contralor Electoral está excluida de la Ley 73-2019, según enmendada; limitar la cantidad anual de donativos en efectivo, giro postal, cheque de viajero o de gerente que un comité podrá recibir de un donante en un año; equiparar la edad para realizar donativos a comités políticos a la edad permitida para ejercer el derecho al voto; regular los donativos de contratistas gubernamentales; requerir que las organizaciones políticas establecidas en los Estados Unidos de América, sus estados o territorios o registrados ante la Federal Election Commission se registren como comité ante la Oficina del Contralor Electoral si los donativos que realizan o los gastos en que incurren exceden de $1,000; requerir que se mantengan récords con la identidad de los recaudadores y relacionando cada donativo a su recaudador y que, además, se incluya la información del recaudador en los informes de ingresos y gastos; requerir que los informes de ingresos y gastos se presenten cada dos meses y en el año que se celebren elecciones generales, mensualmente; sustituir el término “cuenta bancaria” por el término “cuentas de depósito”; proveer acceso directo a la Oficina del Contralor Electoral a los servicios de cuentas de los comités políticos, a fin de ver las transacciones en tiempo real; requerir el pago por adelantado de los servicios de agencias de publicidad; permitir que se hagan referidos a otras agencias sin necesidad de emitir una orden de mostrar causa; aumentar los términos prescriptivos de los delitos electorales de cinco a siete años; tipificar como delito el brindar información falsa a la Oficina del Contralor Electoral y al comité de finanzas de los comités políticos, realizar enmiendas técnicas a fin de aclarar ciertos aspectos de la Ley y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 74 propone enmendar sustancialmente la Ley 222-2011, conocida como la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. Busca revertir disposiciones sobre coordinación de gastos de la Ley 58-2020, facultar a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para emitir órdenes de embargo y retención de fondos para cobrar multas, limitar donativos en efectivo anuales por donante, equiparar la edad para donar a la edad de votar, regular donativos de contratistas, y exigir registro a organizaciones políticas extranjeras que gasten más de $1,000. También aumenta la frecuencia de informes financieros a mensuales en años electorales, otorga acceso directo a la OCE a cuentas bancarias de comités en tiempo real, y extiende el término prescriptivo de delitos electorales de cinco a siete años.

Para enmendar los Artículos 10.11 y 10.12 de la Ley Núm. 58-2020, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico”, a los fines de permitir la presentación del Informe Financiero certificado por la Oficina de Ética Gubernamental en sustitución del Informe de Estado de Situación Financiera Revisado a los candidatos reelectos; y permitir la Oficina del Contralor de Puerto Rico particularizar el contenido del curso a ofrecer a Candidatos, tomando en consideración si el receptor de dicho curso es un Candidato electo por primera vez o un Candidato reelecto a representante o senador; establecer la duración máxima y mínima por curso; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda los Artículos 10.11 y 10.12 del Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020). Permite que los candidatos reelectos presenten el Informe Financiero de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en lugar del Informe de Estado de Situación Financiera Revisado. También faculta a la Oficina del Contralor (OCPR), junto a otras agencias fiscalizadoras, a personalizar el contenido y la duración del curso obligatorio sobre el uso de fondos y propiedad pública para candidatos, diferenciando entre electos por primera vez y reelectos.