Para crear la “Ley para Regular la Profesión de los Emplazadores en Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco uniforme de requisitos, deberes, responsabilidades y estándares éticos para el ejercicio de la función emplazadora; disponer un sistema de licenciamiento, educación y fiscalización; crear un Registro de Emplazadores Autorizados; establecer un procedimiento disciplinario y penalidades; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que confiere al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico la autoridad para emitir los denominados “certificados de antecedentes penales”, a los fines de disponer que corresponderá a dicho organismo gubernamental colectar y utilizar para cubrir gastos administrativos, aquellos dineros derivados del cobro de la expedición de los mismos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 1974 para permitir que el Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) recaude y utilice directamente los fondos cobrados por la expedición de certificados de antecedentes penales. Anteriormente, estos fondos se remitían al Departamento de Hacienda y al Fondo General. Ahora, el Comisionado de la Policía podrá establecer mediante orden administrativa el costo de estos certificados, y los fondos recaudados se destinarán a cubrir los gastos administrativos del propio Negociado. La ley entra en vigor inmediatamente, pero se otorgan 90 días para la reglamentación pertinente.

Para crear la “Ley de remoción autorizada de vehículos de motor ilegalmente estacionados de Puerto Rico”; autorizar la operación de empresas privadas dedicadas a la remoción de vehículos de motor ilegalmente estacionados; disponer los requisitos de licenciamiento, tarifas, notificación y custodia; establecer que los titulares de los vehículos deberán pagar las multas y cargos autorizados para recuperar sus vehículos removidos por haber sido ilegalmente estacionados; disponer sobre el proceso de revisión judicial; y para otros fines relacionados.

El P. de la C. 1227 propone crear la “Ley de remoción autorizada de vehículos de motor ilegalmente estacionados de Puerto Rico”. Esta medida autoriza a empresas privadas a remolcar y custodiar vehículos mal estacionados, bajo licenciamiento y supervisión del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Establece requisitos para las empresas, como seguros y auditorías anuales, y define el proceso para que los titulares recuperen sus vehículos pagando multas y cargos autorizados, con un plazo de 60 días para solicitar revisión judicial. Afecta directamente a conductores que estacionen ilegalmente y a empresas privadas que deseen operar en este nicho.

Para crear la “Ley para la Implementación de Sistemas de Alerta de Emergencias en las Dependencias Gubernamentales de Puerto Rico”, a los fines de establecer la instalación obligatoria de dos sistemas de alarma diferenciados y auditivos/visuales, uno destinado a alertar ante eventos sísmicos y otro ante situaciones de tirador activo o amenazas de violencia armada; disponer sobre la coordinación interagencial entre el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina de Seguridad de la Asamblea Legislativa y la Oficina de Gerencia de la Fortaleza; establecer protocolos de respuesta y simulacros periódicos; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la Ley para la Implementación de Sistemas de Alerta de Emergencias en las Dependencias Gubernamentales de Puerto Rico. Esta ley obligaría a todas las agencias y corporaciones públicas a instalar dos sistemas de alarma diferenciados y auditivos/visuales: uno para eventos sísmicos y otro para amenazas de tirador activo o violencia armada. Además, establecería la coordinación obligatoria entre el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y otras oficinas, así como protocolos de respuesta y simulacros periódicos.