Para crear la “Ley para la Regulación de la Profesión de Emplazadores en Puerto Rico”, establecer requisitos para su ejercicio, imponer cánones de ética profesional, crear un Registro de Emplazadores, establecer penalidades, y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

La propuesta busca beneficiar la integridad del proceso judicial al profesionalizar la función de emplazador. Sin embargo, los costos de implementación y operación recaerían sobre el Poder Judicial y, potencialmente, sobre los usuarios del sistema de justicia.

Preocupa a:

Preocupa al Poder Judicial (OAT) por la carga administrativa y fiscal no asignada, y a la ciudadanía de escasos recursos por el posible encarecimiento del servicio. También genera preocupación la potencial politización de la Junta Reglamentadora si sus miembros son designados por otros poderes.

Quién paga o decide:

La OAT asumiría la carga administrativa y operacional sin fondos asignados, y la OPAL advierte de un impacto fiscal sobre el Fondo General. La Junta Reglamentadora, adscrita a la OAT, tendría poderes amplios para fijar criterios y emitir licencias, pero su composición incluye miembros designados por otros poderes, lo que podría influir en las decisiones.