Para enmendar el Artículo 84 de la Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aclarar las exenciones al requisito de certificación de radicación de la planilla informativa sobre Declaración Afirmativa de Cuantías Transaccionales para hipotecas que no sean emitidas por negocios financieros; y para otros fines relacionados

Para enmendar la Sección 2 de la Ley 132-2010, según enmendada, conocida como la “Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles” para extender la exención de contribución sobre ingresos en los ingresos de arrendamiento de propiedad residencial localizada en Puerto Rico.

La medida, Proyecto de la Cámara 509, propone enmendar la Ley 132-2010 para extender la exención contributiva sobre ingresos de arrendamiento de propiedades residenciales en Puerto Rico. Específicamente, busca modificar el término de esta exención, eliminando o alterando la fecha de finalización del 31 de diciembre de 2025 establecida en la ley original. Esto afectaría a los propietarios que alquilan viviendas residenciales, permitiéndoles continuar beneficiándose de esta exención fiscal por un período adicional.

Para establecer una amnistía por un término de noventa (90) días en la obligación del pago de intereses, penalidades y recargos acumulados por concepto de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble a todo aquel contribuyente que durante esa fecha pague en su totalidad las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble adeudadas al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios; requerir al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales la eliminación de deudas de sus libros; facultar a la Agencia para adoptar la reglamentación necesaria para la administración de esta Ley; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 1131 propone establecer una amnistía fiscal por un término de noventa (90) días. Durante este período, los contribuyentes que paguen la totalidad de la contribución principal adeudada sobre propiedad mueble e inmueble al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios, se les eliminarán los intereses, penalidades y recargos acumulados. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) deberá eliminar estas deudas condonadas de sus libros y se le faculta para adoptar la reglamentación necesaria para su administración. Esta medida afecta directamente a contribuyentes con deudas de contribución sobre la propiedad, tanto individuos como entidades, y al CRIM en su rol de recaudador y administrador.

Para enmendar los Artículos 30, 107, 132, 224, 225, 227, 241, 245, 259, 262 y 285 de la Ley Núm. 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 4, derogar el Artículo 5 y enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 91 de 30 de Agosto de 1970, según enmendada a los fines de mejorar la redacción y modernizar sus disposiciones, especificar varias operaciones registrales, disponer lo relativo a los derechos recaudados por concepto de los nuevos servicios a la ciudadanía; modificar el alcance del Fondo Especial creado para la modernización del Registro de la Propiedad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y la Ley Núm. 91 de 1970 para modernizar y clarificar disposiciones relacionadas con operaciones registrales. Permite la división de bienes gananciales mediante documentos judiciales o notariales, establece requisitos para la inscripción de ventas judiciales, restituye certificaciones literales y de planos, elimina la caducidad de solicitudes de certificaciones, y facilita la expedición electrónica de copias de planos. También modifica el horario de presentación presencial de documentos y el manejo de aquellos presentados sin los derechos correspondientes, además de ajustar el término de contratación de Registradores Especiales. Afecta a notarios, abogados, profesionales de la banca hipotecaria, ciudadanos que solicitan certificaciones o planos, y al personal del Registro de la Propiedad.