Para enmendar la Ley Núm. 25 de 23 de abril de 1927, mejor conocida como “Ley de Picas”, a los fines de eliminar la limitación de que las picas se realicen sólo en fiestas patronales y culturales para estimular la economía de los municipios; eliminar la restricción de quince (15) días por año natural como período máximo de utilización de picas en estas fiestas; autorizar a las Legislaturas Municipales a regular el término y lugar en actividades autorizadas por los gobiernos municipales; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de remoción autorizada de vehículos de motor ilegalmente estacionados de Puerto Rico”; autorizar la operación de empresas privadas dedicadas a la remoción de vehículos de motor ilegalmente estacionados; disponer los requisitos de licenciamiento, tarifas, notificación y custodia; establecer que los titulares de los vehículos deberán pagar las multas y cargos autorizados para recuperar sus vehículos removidos por haber sido ilegalmente estacionados; disponer sobre el proceso de revisión judicial; y para otros fines relacionados.

El P. de la C. 1227 propone crear la “Ley de remoción autorizada de vehículos de motor ilegalmente estacionados de Puerto Rico”. Esta medida autoriza a empresas privadas a remolcar y custodiar vehículos mal estacionados, bajo licenciamiento y supervisión del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Establece requisitos para las empresas, como seguros y auditorías anuales, y define el proceso para que los titulares recuperen sus vehículos pagando multas y cargos autorizados, con un plazo de 60 días para solicitar revisión judicial. Afecta directamente a conductores que estacionen ilegalmente y a empresas privadas que deseen operar en este nicho.

Para enmendar el inciso (w) del Artículo 7.003; y el Artículo 7.085 del Capítulo I del Libro VII de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a fin de requerir dentro de los deberes consignados para el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que semestralmente dispongan digitalmente de un inventario de las propiedades que fueron embargadas, su ubicación, estado y jurisdicción municipal; y establecer como política pública para las propiedades inmuebles embargadas y transferidas a los municipios gratuitamente, la promoción de vivienda asequible, social, comunitaria y proyectos de cooperativas de vivienda dentro de sus jurisdicciones.

La medida enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para exigir que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) publique semestralmente en su página web un inventario digital de las propiedades embargadas, detallando su ubicación, estado y municipio. Además, establece como política pública que las propiedades inmuebles embargadas y transferidas gratuitamente a los municipios se utilicen prioritariamente para promover vivienda asequible, social, comunitaria y cooperativas de vivienda.

Para enmendar el inciso (A) de la Sección 2 de la Ley Num. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, a los fines de imponer penalidades mas severas por violaciones a dicha Ley; y para otros fines relacionados.

La Ley 30-2026 enmienda el inciso (A) de la Sección 2 de la Ley Núm. 221 de 1948 para endurecer las penalidades contra la operación de juegos de azar ilegales. Establece que incurrir en delito grave al dirigir, abrir o tener interés económico en juegos de azar no autorizados será sancionado con una multa fija de $15,000 o reclusión por un año, o ambas. Las convicciones subsiguientes elevan la multa fija a $25,000 o reclusión por tres años, o ambas. Afecta a toda persona que participe en juegos prohibidos en lugares sin licencia, y de manera más severa a quienes operan o se benefician económicamente de estos establecimientos clandestinos.