Para enmendar los Artículos 3 y 7, y añadir un nuevo Artículo 7-A a la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como la “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, a los fines de disponer que, una vez inscrito el evento vital de un fallecimiento, el Registrador Demográfico de Puerto Rico notifique automáticamente a todas las agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y dependencias gubernamentales que otorguen asistencia económica, pensiones o cualquier otro beneficio a la persona fallecida, con el propósito de que se suspendan dichos beneficios y se evite el pago indebido de asistencias o beneficios luego del fallecimiento del beneficiario; facultar al Secretario de Salud a adoptar la reglamentación necesaria; establecer un mecanismo interagencial de intercambio de información; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 3 y 38 de la Ley Núm. 24 del 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, con el propósito de establecer el carácter confidencial de todos los certificados registrados por el Registro Demográfico; redefinir el concepto de “parte interesada” para aclarar en qué casos podrán los tribunales ordenar la entrega de los certificados expedidos por el Registro Demográfico.

Esta medida enmienda la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico para declarar confidencial toda la información registrada, incluyendo certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Redefine quién es considerado 'parte interesada' para solicitar estos documentos y limita su divulgación. Autoriza específicamente la divulgación de información al Registro Demográfico a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para fines de depuración del Registro de Electores, y permite la entrega de información estadística general al público y para política pública, siempre que se proteja la identificación individual.

Para enmendar el inciso (j) del Artículo 3 de la Ley 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; y establecer la responsabilidad del Departamento de Hacienda de adoptar reglamentación administrativa con el fin de requerir que las asignaciones, los gastos y las ganancias generadas por servicios de tecnología e informática provistos o contratados por el Gobierno de Puerto Rico se divulguen de forma específica en un informe anual; con el fin de garantizar la transparencia cuando una empresa privada es contratada o subcontratada para ejercer funciones adjudicadas al Estado por virtud de la Constitución de Puerto Rico, las leyes o la reglamentación administrativa; y para decretar otras disposiciones complementarias.

La medida, Proyecto del Senado 734, propone enmendar la Ley 230 de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico para requerir que el Departamento de Hacienda establezca reglamentación administrativa. Dicha reglamentación obligaría a divulgar de forma específica en un informe anual las asignaciones, gastos y ganancias generadas por servicios de tecnología e informática provistos o contratados por el Gobierno. El objetivo es aumentar la transparencia en contrataciones privadas que ejercen funciones públicas.

Para añadir un Artículo 2-119 al Capítulo II de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para conceder beneficios a los participantes de dicho sistema que padezcan de una condición terminal.

La medida propone añadir un Artículo 2-119 a la Ley Núm. 447 de 1951, que rige el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su objetivo es establecer un nuevo beneficio para los participantes del sistema que padezcan de una condición terminal. Esto significa que se creará un mecanismo para otorgarles ciertas ventajas o ayudas económicas, más allá de los beneficios de retiro ordinarios, ante una situación de salud crítica.