Para enmendar los Artículos 2, 3 y 38 de la Ley Núm. 24 del 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, con el propósito de establecer el carácter confidencial de todos los certificados registrados por el Registro Demográfico; redefinir el concepto de “parte interesada” para aclarar en qué casos podrán los tribunales ordenar la entrega de los certificados expedidos por el Registro Demográfico.

Intereses en juego

Beneficia a:

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) recibe un canal directo para obtener información de fallecidos, y el Registro Demográfico mantiene control sobre la divulgación de datos sensibles. El público general se beneficia de una mayor protección contra el robo de identidad, pero con acceso restringido a certificados individuales.

Preocupa a:

El público en general y la prensa podrían ver limitado su acceso a información individual detallada, incluso cuando sea de interés público, debido a la nueva definición de confidencialidad. Los familiares de fallecidos podrían enfrentar obstáculos para acceder a información de sus parientes si no cumplen estrictamente con la nueva definición de 'parte interesada'.

Quién paga o decide:

El Departamento de Salud, a través del Registro Demográfico, es responsable de la implementación y custodia de la información. El Secretario de Salud y el Gobernador (a través de la aprobación de reglamentos) tienen autoridad para dictar normas complementarias.