Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, y 27 de la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, con el propósito de atemperar la Ley a la realidad actual del cannabis medicinal como tratamiento paliativo, aclarar los fines perseguidos por esta Ley, la política pública del Gobierno de Puerto Rico, establecer propósitos y porcientos de asignación en relación con los fondos recaudados por multas y licencias, atemperar reglamentación y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Pacientes con condiciones médicas terminales certificadas o condiciones debilitantes asociadas, médicos licenciados que ahora pueden recomendar sin licencia adicional, y potencialmente la Universidad de Puerto Rico y pacientes indigentes a través de la asignación de fondos.

Preocupa a:

Pacientes con condiciones debilitantes severas pero no directamente asociadas a una condición terminal, cuya elegibilidad podría verse reducida bajo la nueva definición; y la industria del cannabis medicinal si la prohibición de combustión afecta modelos de negocio existentes sin alternativas claras.

Quién paga o decide:

Los fondos para la Junta provienen de licencias y multas. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) puede asignar fondos del Fondo General para el presupuesto de la Junta. La Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal y la Cámara de Representantes (a través de la aprobación de reglamentos y la política pública) deciden la implementación final.