Para enmendar el Artículo 18 de la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Implantación del Plan para la Reorganización de la Industria del…

Contras

• •La medida, al permitir la participación de instituciones financieras reguladas por la FDIC, no elimina la discreción absoluta de cada institución para decidir si ofrece o no servicios, basándose en su análisis de riesgo y cumplimiento federal. Esto podría perpetuar la concentración del mercado si las instituciones perciben un riesgo elevado, como advierten la ABPR y la OCIF.
• •Aunque se añade una protección ('safe harbor') bajo ley local, la OCIF señala que la medida integra indirectamente una responsabilidad para generar directrices sobre transacciones de cannabis medicinal, y propone añadir la frase 'según la agencia lo estime procedente y pertinente' para mantener su discreción regulatoria ante la incertidumbre de elementos aún por definir.
• •La G9 Alliance propuso enmiendas para prohibir represalias financieras y discrimen contra personas y negocios relacionados con la industria del cannabis, pero la Comisión del Senado determinó que estas propuestas eran contrarias a la libertad de contratación y no fueron incorporadas, dejando a los operadores sin protección explícita contra la negación o cancelación de cuentas por motivos relacionados con la industria.
• •La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) sostiene que el marco regulatorio vigente ya permite a las cooperativas ofrecer servicios financieros a la industria del cannabis medicinal a través de sus Cartas Informativas 2019-04 y 2019-04-A, lo que sugiere que la enmienda podría no ser estrictamente necesaria para el sector cooperativo, aunque la medida la incluye formalmente.