Para enmendar los Artículos 2, 4, 5 y 12 de la Ley 36-2020, según enmendada, conocida como la “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de ampliar la política pública allí dispuesta; incluir definiciones, deberes y requisitos; así como adoptar o atemperar la reglamentación vigente para establecer mecanismos de evaluación individualizada y consideración preferente dentro de los programas de teletrabajo en el servicio público para empleados que cualifiquen y sean adultos mayores, con diversidad funcional o que requieran acomodo razonable relacionado con condiciones físicas o mentales; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Empleados gubernamentales adultos mayores, con diversidad funcional o que requieran acomodo razonable por condiciones físicas o mentales, al ofrecerles un proceso de evaluación preferente para teletrabajo. También beneficia a las agencias al proporcionar un marco para modernizar sus operaciones y retener talento experimentado.

Preocupa a:

Las agencias gubernamentales podrían enfrentar retos administrativos y de recursos para implementar los mecanismos de evaluación y acomodo, especialmente si la interpretación de 'viabilidad operacional' se vuelve un obstáculo. La falta de fiscalización robusta podría diluir los beneficios previstos.

Quién paga o decide:

El costo de nómina y operación recae en las agencias gubernamentales. Las decisiones finales sobre la concesión de teletrabajo, bajo los criterios que establezcan las agencias y la reglamentación de OATRH/PRITS, recaen en los jefes de agencia y sus departamentos de recursos humanos.