Para enmendar el inciso 6 del Artículo 39, el inciso (g) del Artículo 56 y el Artículo 59 de la Ley 129-2020, según enmendada; y añadir un nuevo Artículo 59-A a dicha Ley, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de permitir que en los condominios cuyos apartamentos estén dedicados en su totalidad a vivienda la cuota de mantenimiento correspondiente a los gastos comunes ordinarios se reparta en partes iguales entre todos los apartamentos, sin distinción de su tamaño ni de su porcentaje de participación, por ser el uso y disfrute de los elementos comunes generales igual para todos los titulares; disponer que las derramas, la prima del seguro comunal, la aportación al fondo de reserva, los gastos atribuibles a los elementos comunes limitados y los servicios facturados por consumo medido continúen repartiéndose conforme al porcentaje de participación o a la base que en cada caso corresponda; establecer un mecanismo de adopción voluntaria, y de reversión, mediante el voto de dos terceras partes (2/3) de los titulares que a su vez reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones, sin efecto retroactivo; y para otros fines relacionados

Contras

• •Aunque el reparto igualitario se limita a condominios 'enteramente residenciales', la medida omite definir qué constituye 'enteramente residencial' más allá de que los apartamentos estén 'dedicados en su totalidad a vivienda'. Esto podría generar ambigüedad si un condominio tiene una pequeña oficina administrativa o un local de servicio comunitario no comercial, pero no dedicado a vivienda, y cómo se aplicaría el reparto en ese caso.
• •La medida permite la reversión al reparto por porcentaje de participación, pero no especifica un plazo o procedimiento para que el Consejo de Titulares evalúe la necesidad de dicha reversión. Si bien se exige un voto cualificado, la ausencia de un mecanismo proactivo para revisar la efectividad del reparto igualitario podría perpetuar un sistema que, en la práctica, no beneficie a la mayoría o genere disputas.
• •El articulado no detalla el proceso ni los criterios para la 'tabla comparativa' que debe presentarse antes de la votación, la cual debe mostrar cuánto subiría o bajaría la cuota de cada titular. Una tabla poco clara o incompleta podría dificultar que los titulares tomen una decisión informada, comprometiendo la validez del proceso democrático.
• •Si bien la ley base (Ley 129-2020) ya establece mecanismos para el cobro de deudas y penalidades, la medida al modificar el Artículo 39 y 59, y añadir el 59-A, no introduce o refuerza explícitamente mecanismos de fiscalización o auditoría para asegurar que el nuevo reparto se aplique correctamente y que las disputas sobre la clasificación de gastos (ordinarios vs. extraordinarios) se resuelvan de manera expedita, lo que podría generar litigios.