Para crear la “Ley de Transparencia y Protección al Consumidor en el Mercado de Generación Distribuida”; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica 4 del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de añadir un nuevo inciso (gg) que delimite la jurisdicción del Departamento sobre las prácticas y anuncios engañosos y sobre las garantías en la venta de sistemas de generación distribuida, y que le reconozca la facultad de adjudicar, como cuestión de jurisdicción, la validez de las cláusulas de arbitraje y de selección de foro contenidas en los contratos de adhesión de dicho mercado; establecer requisitos de divulgación para tales cláusulas; salvaguardar la jurisdicción del Negociado de Energía de Puerto Rico; disponer un mecanismo de referidos interagenciales; aclarar la relación de esta Ley con la Ley Núm. 147-2024, conocida como “Ley de Arbitraje de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Contras

• •Aunque la medida busca proteger al consumidor, la facultad de DACO para adjudicar la validez de cláusulas de arbitraje y selección de foro, si bien es un avance, podría generar litigiosidad adicional y demoras en la resolución de disputas si las empresas recurren judicialmente estas determinaciones administrativas, lo cual no está explícitamente abordado en cuanto a su proceso de apelación más allá de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
• •La medida impone requisitos de divulgación para cláusulas restrictivas de foro que, si bien buscan informar al consumidor, podrían ser eludidos por proveedores con prácticas agresivas, y el mecanismo de sanción (práctica engañosa) depende de la fiscalización activa de DACO, cuya capacidad para supervisar todos los contratos de adhesión en este mercado creciente podría ser limitada.
• •La disposición que permite invocar una cláusula restrictiva de foro solo por o contra las personas que la suscribieron (Artículo 6) podría crear una situación donde co-demandados que no firmaron el pacto arbitral queden fuera del proceso arbitral, pero si la cláusula se considera válida para otros, podría fragmentar la resolución de una disputa contractual compleja.
• •Si bien la medida intenta aclarar la jurisdicción y la relación con la Ley de Arbitraje, la interpretación y aplicación de la 'anulabilidad' de cláusulas de adhesión bajo el Código Civil y la coexistencia de la Ley Federal de Arbitraje podrían seguir generando controversias legales y desafíos judiciales por parte de la industria, especialmente en lo referente a la validez de los contratos de adhesión y la política pública del Estado.