Para crear la “Ley de Respuesta Rápida y Reentrenamiento para los Trabajadores Cesanteados de Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí”; establecer el Programa de Respuesta Rápida y Reentrenamiento del Norte dentro de Conexión Laboral del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, con punto de servicio en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Recinto de Manatí; disponer su activación ante cierres y cesantías, sus servicios y la prioridad de los trabajadores cesanteados de dichos municipios; autorizar acuerdos con el Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico, las Juntas Locales de Desarrollo Laboral, los municipios y los patronos; disponer su financiamiento sin asignación adicional del Fondo General; facultar al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a reglamentar; ordenar informes a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La medida crea la Ley de Respuesta Rápida y Reentrenamiento para los Trabajadores Cesanteados de Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí. Establece el Programa de Respuesta Rápida y Reentrenamiento del Norte, adscrito a Conexión Laboral del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, con un punto de servicio en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Recinto de Manatí. El programa se activará ante cierres o cesantías de cinco o más trabajadores en dichos municipios, ofreciendo orientación, reentrenamiento y apoyo para la recolocación hasta por doce meses. Afecta directamente a trabajadores cesanteados de estas industrias en los cuatro municipios y a las agencias y entidades colaboradoras.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta medida legislativa (P. de la C. 1458) fue el 28 de septiembre de 2026 y referida a comisiones el 5 de octubre de 2026, encontrándose actualmente en trámite legislativo.
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Última acción · 5 de octubre de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para crear el Sistema de Adiestramiento y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Puerto Rico; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre desarrollo del talento, empleo, capacitación y formación de la fuerza laboral; designar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos como agencia administradora del Sistema; establecer su estructura de gobernanza y coordinación interagencial; disponer sobre planificación estratégica, información del mercado laboral, evaluación del desempeño y rendición de cuentas; transferir al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos las funciones, programas, recursos y responsabilidades relacionadas con el desarrollo de la fuerza laboral que actualmente administra el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, sujeto a la legislación federal aplicable; establecer un proceso ordenado de transición; enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico”; derogar los Artículos 20 al 25, renumerar los actuales Artículos 26 al 29 como Artículos 20 al 23, respectivamente, enmendar los actuales Artículos 30, 31, 32 y 33 y renumerarlos como Artículos 24, 25, 26 y 27, respectivamente, renumerar el actual Artículo 34 como Artículo 28, enmendar el actual Artículo 35 y renumerarlo como Artículo 29, renumerar los actuales Artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 como Artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, respectivamente, de la Ley 171-2014, según enmendada; derogar el inciso (u) y reenumerar los actuales incisos (v) y (w) como incisos (u) y (v), respectivamente, del Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 4-1994; y para otros fines relacionados.
Crea el Sistema de Adiestramiento y Desarrollo de la Fuerza Laboral, presidido por el Secretario del Trabajo e integrado por 12 representantes de agencias y entidades públicas; el Sistema se reuniría trimestralmente y podría solicitar información. Traslada del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio al Departamento del Trabajo los programas de Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes del Título I de WIOA, junto con las funciones, recursos y personal relacionados, sujeto a autorizaciones federales; los programas de los Títulos II y IV permanecen en sus agencias administradoras. Ordena preparar un inventario y un plan de transición dentro de 60 días de la aprobación, completar la transición no más tarde del 1 de julio de 2027 y aprobar los reglamentos dentro de 180 días. Al cambiar la disposición vigente sobre empleados de la Administración de Desarrollo Laboral, elimina garantías expresas de salario y beneficios no inferiores, protección contra despido por la transferencia y reconocimiento de convenios colectivos; la nueva sección de personal remite a las leyes aplicables y a los derechos adquiridos reconocidos por ley.
Para crear la “Ley del Programa de Reconversión Laboral y Capacitación en Inteligencia Artificial y Destrezas Tecnológicas para Trabajadores Desplazados o en Riesgo de Desplazamiento en Puerto Rico”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la capacitación, el readiestramiento y la reconversión laboral de trabajadores afectados, o en riesgo de afectación, por procesos de automatización, digitalización, inteligencia artificial y transformación tecnológica; crear un programa adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con entidades gubernamentales, educativas y del sector productivo; disponer criterios de elegibilidad y prioridades de atención; autorizar la oferta de cursos, credenciales de competencias y servicios de apoyo para la inserción laboral; establecer mecanismos de colaboración interagencial e institucional; disponer sobre su financiamiento, reglamentación e informes; y para otros fines relacionados
La medida P. del S. 1153 buscaba crear la Ley del Programa de Reconversión Laboral y Capacitación en Inteligencia Artificial y Destrezas Tecnológicas para Trabajadores Desplazados o en Riesgo de Desplazamiento. Establecía como política pública la capacitación y readiestramiento de trabajadores afectados por la automatización y la transformación tecnológica. Creaba un programa adscrito al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para ofrecer cursos, credenciales y apoyo a la inserción laboral, coordinando con otras entidades gubernamentales, educativas y del sector productivo.
Para crear la “Ley Especial de Derechos de los Trabajadores de la Economía Gig de Puerto Rico”, a fin de establecer un marco legal que garantice los derechos de los trabajadores que desarrollan su actividad laboral con dependencia económica casi exclusiva del empresario que los contrata para que, a través de plataformas digitales, presten servicios a clientes que los soliciten; definir términos; imponer penalidades; y disponer reglamentación
La medida propone crear la “Ley Especial de Derechos de los Trabajadores de la Economía Gig de Puerto Rico” para establecer un marco legal que garantice derechos a trabajadores que dependen económicamente de plataformas digitales. Define términos clave, establece derechos como compensación justa (salario mínimo y horas extras), protección social (aportaciones a SINOT y FSE), no discriminación, acceso a información, y mecanismos de resolución de disputas. Impone obligaciones a las plataformas digitales, como registrarse, cumplir con la ley, y presentar informes anuales. La medida también establece penalidades de hasta $10,000 por violación y busca armonizar su aplicación con leyes laborales generales existentes, prevaleciendo sus derechos mínimos en caso de conflicto.
Para crear la “Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño” a los fines de establecer un programa de reembolso salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una merma en el volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la cantidad de empleados que tienen a tiempo completo y/o transicional los empleados de medio tiempo a tiempo completo; establecer los requisitos de elegibilidad para que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta Ley; definir las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico en la administración de esta Ley; derogar el Artículo 2.4 de la Ley Núm. 120 de 31 de julio de 2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; asignar fondos para su implementación; y para otros fines relacionados.
La medida crea la Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño para establecer un programa de incentivos (reembolso salarial, tasas contributivas preferenciales, planes de pago de deudas de utilidades, exenciones contributivas y municipales) dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas que enfrentan una merma significativa en ventas, ganancias o producción y que buscan proteger o transicionar empleados. La Compañía de Comercio y Exportación (CCE/DDEC) administrará el programa, y se deroga un artículo específico de la Ley 120-2014. Afecta directamente a las empresas elegibles y a sus empleados, así como a las agencias recaudadoras y de servicios públicos.
Para crear la “Ley de Derechos Laborales frente a la Toma de Decisiones Automatizadas e Inteligencia Artificial en el Empleo”; a los fines de prohibir a los patronos del sector público y privado tomar acciones disciplinarias, despidos, menoscabos o decisiones de contratación perjudiciales basadas exclusivamente en sistemas de decisiones automatizadas; requerir una revisión humana obligatoria en los procesos de reclutamiento y empleo; establecer penalidades y multas administrativas por conductas violatorias; enmendar la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada; y para otros fines relacionados.
Crea una ley aplicable a patronos privados y a agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas para prohibir que un despido, otra acción laboral adversa o el descarte final de una persona candidata se base exclusiva o principalmente en sistemas automatizados. Si se usó un sistema automatizado, exige antes una revisión humana sustantiva; además, obliga a notificar al empleado en español e inglés y a notificar a la persona candidata si esta lo solicita, incluyendo las razones algorítmicas detectadas y el nombre de quien ratificó la decisión. Autoriza multas de $2,500 a $10,000 por la primera infracción y de $10,000 a $50,000 por trabajador o aspirante afectado en infracciones subsiguientes o patrones sistemáticos, y permite ordenar restitución o reconsideración. Aunque el título anuncia una enmienda a la Ley 80, el articulado no modifica texto de esa ley; establece una presunción en ciertos procedimientos bajo ella y dispone que la ley propuesta regirá inmediatamente, con reglamentación del DTRH dentro de 180 días.
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