Para crear la “Ley de Continuidad Interagencial de Servicios para Menores”; enmendar el Artículo 5 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”; y enmendar el Artículo 1.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; a los fines de establecer mecanismos de alerta, verificación, seguimiento y escalamiento interagencial cuando un menor sujeto a asistencia escolar obligatoria pierda continuidad educativa y concurran circunstancias que requieran la intervención del Departamento de Educación y del Departamento de la Familia; establecer el Sistema Interagencial de Alerta y Continuidad de Servicios para Menores; fortalecer la comunicación y coordinación existente entre ambas agencias; disponer para la verificación de continuidad educativa; establecer mecanismos de trazabilidad y supervisión; proteger la confidencialidad de la información; disponer para la adopción de reglamentación y acuerdos interagenciales; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La medida depende de la 'interoperabilidad' y la creación de un 'API' entre sistemas tecnológicos existentes de Educación y Familia, cuya implementación efectiva y segura, especialmente en cuanto a la protección de datos sensibles y la coordinación con PRITS, podría enfrentar desafíos técnicos y de recursos no detallados en el texto.
• •Aunque la medida busca evitar la 'duplicación innecesaria de sistemas', la creación y mantenimiento del 'Sistema Interagencial de Alerta y Continuidad de Servicios para Menores' y sus protocolos asociados podría implicar costos operativos y de personal continuos para ambas agencias, los cuales no se cuantifican ni se asignan explícitamente en el texto.
• •La efectividad del 'Protocolo de Escalamiento Interagencial' y la verificación del cumplimiento de términos por parte de supervisores (Sección 7) dependerá de la voluntad y capacidad de las agencias para desarrollar reglamentación interna y aplicar medidas disciplinarias, aspectos que, si bien se mencionan, no garantizan su aplicación rigurosa o la existencia de penalidades claras para el incumplimiento a nivel de agencia.
• •La medida establece que la generación de una alerta no constituye una determinación de negligencia o maltrato, lo cual es prudente. Sin embargo, la interpretación y el umbral para generar estas alertas, así como la forma en que la información se 'conecta' y se actúa sobre ella, podrían ser susceptibles a la discrecionalidad de los funcionarios, especialmente si los protocolos de escalamiento no son suficientemente robustos o uniformes.