Para crear la “Ley de Continuidad Interagencial de Servicios para Menores”; enmendar el Artículo 5 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”; y enmendar el Artículo 1.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; a los fines de establecer mecanismos de alerta, verificación, seguimiento y escalamiento interagencial cuando un menor sujeto a asistencia escolar obligatoria pierda continuidad educativa y concurran circunstancias que requieran la intervención del Departamento de Educación y del Departamento de la Familia; establecer el Sistema Interagencial de Alerta y Continuidad de Servicios para Menores; fortalecer la comunicación y coordinación existente entre ambas agencias; disponer para la verificación de continuidad educativa; establecer mecanismos de trazabilidad y supervisión; proteger la confidencialidad de la información; disponer para la adopción de reglamentación y acuerdos interagenciales; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Esta medida crea la Ley de Continuidad Interagencial de Servicios para Menores y la Ley 57-2023 (prevención de maltrato) y la Ley 85-2018 (reforma educativa). Establece un Sistema Interagencial de Alerta y Continuidad de Servicios para Menores, operado por los Departamentos de Educación y de la Familia, para monitorear a menores con asistencia escolar obligatoria que pierden continuidad educativa y que tienen casos activos en Familia. Busca mejorar la coordinación y el seguimiento de estos menores para asegurar que no queden desconectados de los servicios gubernamentales.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la historia de las reformas al sistema de protección de menores en Puerto Rico, que ha enfrentado una crisis estructural crónica debido a la sobrecarga administrativa y la falta de coordinación interagencial. La propuesta busca fortalecer la comunicación y el seguimiento entre el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia, abordando las fallas en la gestión y la atención oportuna del maltrato infantil que han sido señaladas históricamente.
En qué va
La medida, P. de la C. 1469, fue el 30 de septiembre de 2026 y apareció en Primera Lectura de la Cámara el 5 de octubre de 2026, siendo referida a la Comisión de Educación.
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Última acción · 5 de octubre de 2026
Referido a Comisión(es)
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Para establecer la “Oficina de Bienestar Social y Familiar del Estudiante” adscrita al Departamento de Educación, para la detección temprana y prevención de la deserción escolar; establecer protocolos de intervención en casos de ausentismo escolar, maltrato familiar y violencia intrafamiliar; facilitar la coordinación interagencial para el bienestar estudiantil; y para otros fines relacionados.
Esta medida propone la creación de la “Oficina de Bienestar Social y Familiar del Estudiante” adscrita al Departamento de Educación. Establece mecanismos para la detección temprana y prevención de la deserción escolar, así como protocolos de intervención para casos de ausentismo, maltrato familiar y violencia intrafamiliar. Busca facilitar la coordinación entre el Departamento de Educación y otras agencias gubernamentales para el monitoreo y apoyo integral del estudiante, desde preescolar hasta nivel superior.
Para enmendar el inciso (a)(1) del Artículo 5 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como “Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, a los fines de establecer que los empleados del Departamento de Educación harán los referidos de situaciones de maltrato de estudiantes dentro de un término no mayor de veinticuatro (24) horas; y para otros fines relacionados.
Enmienda el Artículo 5(a)(1) de la Ley 57-2023 para precisar que los empleados del Departamento de Educación deben notificar inmediatamente al Departamento de la Familia, la Policía o una oficina de Familia cuando conozcan situaciones de maltrato, negligencia, abuso sexual, trata humana, riesgo inminente u otra circunstancia que pueda comprometer la seguridad o el bienestar de un menor. Después de esa notificación, tendrán un máximo de 24 horas para completar y remitir la documentación administrativa del referido; ese plazo no permite aplazar la notificación inicial ni esperar por supervisión o cernimiento interno. Educación y Familia deberán adoptar o enmendar y divulgar sus protocolos dentro de 60 días de la vigencia, incluyendo medidas disciplinarias sujetas al debido proceso y a las normas laborales y convenios aplicables. Las sanciones administrativas por tardar en documentar solo podrán comenzar luego de que esos protocolos estén adoptados o enmendados y divulgados; la ley no elimina la responsabilidad que ya pueda existir por omitir una notificación inmediata.
Para añadir un nuevo inciso (w) y reordenar alfabéticamente los subsiguientes incisos y enmendar los incisos (b), (aa), (bb) y (gg) del Artículo 3; y enmendar los artículos 5, 44, y 53 de la Ley 57-2023, conocida como “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, a los fines de incluir el “grooming” dentro de la definición de abuso sexual y como una de las causales tanto de maltrato como de negligencia institucional; realizar correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.
La medida enmienda la Ley 57-2023 para incluir el 'grooming' como una forma de abuso sexual, maltrato y negligencia institucional. Añade la obligación del Departamento de la Familia de educar sobre el 'grooming' y lo considera una causal para no requerir esfuerzos de reunificación familiar. Afecta a menores, padres, responsables de menores, instituciones de cuidado y agencias gubernamentales.
Para enmendar la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, en su Artículo 1.02 (d) para añadir un subinciso (11); enmendar su Artículo 2.04 (b), subincisos 15 y 42; enmendar el Artículo 2.12 (q)(4); enmendar su Artículo 6.05 (m); enmendar el Artículo 9.02, para añadir un nuevo inciso (h); y, enmendar el Artículo 11.01, para añadir un inciso (h), a los fines de establecer como parte de la política pública del sistema educativo la inclusión de los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza, en los protocolos que atienden situaciones donde se coloca en peligro la seguridad e integridad física de los estudiantes de las escuelas públicas, y establecer el deber continuo de mantenerlos informados; y para otros fines relacionados.
Enmienda la Ley 85-2018 en los artículos 1.02(d), 2.04(b), 2.12(q)(4), 6.05(m), 9.02 y 11.01 para incorporar la seguridad escolar y la comunicación con las familias en los deberes del Departamento, los directores y los consejos escolares. Añade en el artículo 11.01 un derecho específico de padres, madres o encargados a recibir información sobre los protocolos y medidas para proteger la seguridad e integridad física del estudiantado; el inciso existente sobre sexualidad y afectividad pasa de la letra (h) a la (i). También añade un inciso al artículo 9.02, pero el texto provisto no permite precisar su contenido. No ordena adiestrar a los padres para intervenir en emergencias. La nueva redacción sobre el derecho fundamental de los padres en el artículo 11.01 ya aparece en la ley vigente, por lo que no supone un cambio neto.
Para añadir un nuevo Artículo 9.11 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer para que los secretarios de los departamentos de Educación; Corrección y Rehabilitación; de Justicia; y de Seguridad Pública, implanten, permanentemente, el denominado “Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez”, originalmente creado en virtud del Acuerdo Interagencial Número 2023-000022, el cual busca garantizar el bienestar, desarrollo y seguridad de la comunidad escolar y de la comunidad en general, mediante el ofrecimiento de charlas educativas, talleres de prevención a estudiantes y a otro personal escolar, y a través de simulacros dirigidos a atender situaciones en las que haya un tirador activo en las escuelas públicas; ampliar la cantidad de agencias gubernamentales involucradas en el referido “Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez”; derogar la Resolución Conjunta Núm. 38 de 19 de julio de 2019; y para otros fines relacionados.
Añade a la Ley 85-2018 un Artículo 9.11 para hacer permanente el Proyecto de Seguridad y Educación para el Desarrollo de la Niñez y asignar responsabilidades a Educación, Corrección y Rehabilitación, Familia, Justicia, Seguridad Pública, ASSMCA y ODSEC. Ordena enlaces y reuniones mensuales entre agencias, actividades preventivas y, en todas las escuelas públicas, protocolos, planes de contingencia y simulacros anuales de tirador activo, además de una campaña informativa y adiestramientos al personal. Las siete agencias deben adoptar un reglamento conjunto inmediatamente después de la aprobación; la ley entraría en vigor de inmediato, pero fija el comienzo de los servicios para el 30 de noviembre de 2025. También deroga la Resolución Conjunta Núm. 38 de 2019, sin explicar en el articulado qué disposiciones de esa resolución se sustituyen. La Ley 85 ya contiene un Artículo 9.11 sobre servicios relacionados con la salud, por lo que la numeración propuesta se superpone con una disposición vigente.
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