Para enmendar el Artículo 2.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", a los fines de establecer una presunción rebatible a favor de la parte peticionaria en la adjudicación de custodia provisional de menores cuando se expida una orden de protección; establecer los factores que la parte peticionada debe demostrar para superar dicha presunción; disponer sobre la duración y revisión de la custodia provisional; establecer excepciones; y para otros fines relacionados.

Contras

• •Rebatir la presunción exige prueba clara y convincente de todos los factores aplicables, no solo de que la custodia propuesta responde al bienestar del menor. Entre los requisitos están programas de 52 semanas y 20 horas, una evaluación psicológica favorable y 18 meses sin nuevos actos; además, una violación documentada de una orden durante los últimos 3 años impide rebatirla. La regla puede ser difícil de cumplir si los programas requeridos no están disponibles o acreditados, y la prohibición por una violación opera aunque el tribunal considere otras circunstancias del caso.
• •El texto hace cesar automáticamente la presunción a los 5 años, pero no aclara qué ocurre entonces con una custodia provisional que siga vigente. El Artículo 2.3-A(f) dispone que esa custodia termina por eventos como la expiración de la orden de protección, una determinación de custodia permanente o una modificación judicial, pero no establece que cese automáticamente al terminar la presunción.
• •La medida no armoniza expresamente la presunción con el Artículo 2.5 vigente, que permite expedir órdenes de protección ex parte, con notificación a la parte peticionada dentro de 48 horas y una vista posterior dentro de 20 días. Si la presunción se aplica desde la expedición de una orden ex parte, podría cambiar la custodia provisional antes de que la parte peticionada tenga esa vista para presentar su posición.
• •Se ordenan fondos anuales para personal adicional, abogados de oficio, sistemas informáticos y orientación pública, pero no se fija una cantidad ni una fórmula para calcularla. La obligación recae sobre el presupuesto del Poder Judicial y su inclusión por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por lo que el costo final dependerá de las asignaciones presupuestarias.