Para crear la causa de acción denominada persecución maliciosa, a los fines de establecer que una persona que sufra daños como consecuencia de la presentación maliciosa y sin causa de acción probable de un proceso, sea civil, administrativo o criminal, tenga un remedio legal para resarcir los daños sufridos; y otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley contra la criminalización del sinhogarismo”; enmendar el inciso (c) del Artículo 156 de la Ley 146-2012, según enmendada; ordenar a la Comisión de Derechos Civiles realizar una campaña educativa sobre los derechos establecidos en esta Ley; y para otros fines relacionados.

La medida establece la 'Ley contra la criminalización del sinhogarismo'. Enmienda el Código Penal para que la restricción de libertad de personas sin hogar por pernoctar o descansar en espacios públicos sea considerada abuso de poder por funcionarios públicos. También declara nulas leyes o reglamentos que penalicen a personas por actividades básicas de subsistencia en espacios públicos, como dormir, protegerse de la intemperie o usar vehículos estacionados legalmente. Además, ordena a la Comisión de Derechos Civiles realizar una campaña educativa sobre estos derechos. Afecta directamente a personas en situación de sinhogarismo, funcionarios públicos y la aplicación de leyes y ordenanzas municipales.

Para crear la “Ley del Programa de Vigilancia, Prevención y Protección de Menores”, para imponer supervisión electrónica mandatoria como condición adicional a la fianza, cuando exista una determinación de causa probable para arresto por la comisión de determinados delitos graves en contra de la integridad y la seguridad de esta población; delimitar las conductas delictivas sujetas a esta reformulación doctrinal; y para otros fines relacionados.

La medida crea la "Ley del Programa de Vigilancia, Prevención y Protección de Menores". Impone la supervisión electrónica mandatoria como condición adicional a la fianza para personas imputadas de delitos graves contra menores (como agresión sexual, maltrato, explotación sexual, secuestro, corrupción de menores, etc.), una vez se determine causa probable para arresto. También establece "zonas de exclusión" y obliga al Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) a recomendar e implementar esta supervisión, y a proveer una aplicación tecnológica a los padres o tutores no agresores para advertirles si el imputado se acerca a dichas zonas.

Para enmendar el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para eliminar el requerimiento de aprecio sobre los bienes dañados en la tipificación del delito de maltrato en la modalidad de daños de bienes de la víctima; agregar como elemento del delito el hecho de que el bien dañado pertenezca a la víctima o a la sociedad de bienes gananciales de la que forme parte; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa enmienda el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 1989 (Ley de Violencia Doméstica). Elimina el requisito de probar el 'aprecio' o valoración emocional de los bienes dañados para configurar el delito de maltrato en esa modalidad. Además, añade como elemento del delito que el bien dañado pertenezca a la víctima o a la sociedad de bienes gananciales, afectando así la tipificación de este tipo de maltrato y la forma en que se procesan estos casos en el sistema judicial.

Para crear la "Ley de Protección Parental contra el Tráfico de Abortos de Menores"; tipificar como delito grave la conducta de reclutar, albergar o transportar a una menor embarazada con el propósito de procurar un aborto sin el consentimiento de los padres o tutores legales; establecer definiciones; fijar penalidades; y para otros fines relacionados.

La medida crea la 'Ley de Protección Parental contra el Tráfico de Abortos de Menores'. Tipifica como delito grave la conducta de adultos que recluten, alberguen o transporten a una menor embarazada para procurar un aborto o medicamentos abortivos, con la intención de ocultarlo a sus padres o tutores legales. La pena por este delito grave es de tres (3) años de reclusión. Afecta directamente a adultos que faciliten abortos a menores sin consentimiento parental y a las menores embarazadas en dicha situación.

Para enmendar añadir una nueva Regla 6.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de requerir una evaluación psicológica en los casos en que se encuentre causa probable de un delito al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone añadir una nueva Regla 6.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal. Su objetivo es requerir una evaluación psicológica obligatoria para toda persona a la que se le determine causa probable por un delito bajo la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54). El propósito declarado es asistir a los tribunales en la imposición de condiciones de libertad bajo fianza, supervisión y protección para garantizar la seguridad pública y de las víctimas.