PC 215

Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a fin de disponer que el Estado, no vendrá obligado a realizar el pago por sentencias que recaigan sobre funcionarios en su carácter personal por actos que constituyan violación de derechos civiles por discrimen político; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

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Qué propone

La medida, P. de la C. 215, propone el Artículo 15 de la Ley Núm. 104 de 1955 (Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado). El cambio principal es que el Estado Libre Asociado no estará obligado a pagar sentencias judiciales que recaigan sobre funcionarios públicos en su carácter personal, cuando estos actos constituyan una violación de derechos civiles por discrimen político. Esto afecta directamente a funcionarios que incurran en dicha conducta y a las víctimas de discrimen político, así como a la gestión de los fondos públicos.

Pros

•Protege los fondos públicos al evitar que el Estado asuma el costo de sentencias por actos de discrimen político cometidos por funcionarios en su capacidad personal, lo cual se describe como un desvío significativo de recursos.
•Busca disuadir a los funcionarios públicos de cometer actos de discrimen político al hacerlos personalmente responsables financieramente por sus acciones, en lugar de depender del erario público para cubrir las sentencias.
•Refuerza la responsabilidad individual de los funcionarios por violaciones a derechos civiles, alineándose con el principio constitucional de la dignidad humana y la prohibición de discrimen.
•Fomenta una cultura de integridad y respeto a los derechos fundamentales en el servicio público al desincentivar conductas discriminatorias.

Contras

•Traslada la carga financiera de la recuperación de sentencias por discrimen político del Estado al funcionario demandado en su carácter personal. Esto podría dificultar la ejecución de sentencias para las víctimas si el funcionario carece de bienes personales suficientes para cubrir el monto total, creando una potencial desprotección para los afectados.
•La medida no detalla mecanismos de fiscalización o auditoría específicos para asegurar que los funcionarios no evadan su responsabilidad personal, ni establece procedimientos claros para la recuperación de fondos por parte de las víctimas ante la negativa o incapacidad de pago del funcionario.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los fondos públicos del Estado Libre Asociado, al no tener que cubrir sentencias por actos personales de funcionarios. También beneficia a aquellos funcionarios que, al no tener que temer el pago de sentencias millonarias de su bolsillo, podrían actuar con mayor cautela (aunque el texto sugiere lo contrario, que el pago estatal desincentiva).
Preocupa a:: Las víctimas de discrimen político, quienes podrían tener dificultades para recuperar el dinero de sentencias adjudicadas a su favor si el funcionario responsable no tiene patrimonio personal suficiente. También preocupa la institucionalidad de la fiscalización y la efectividad real de la justicia para quienes sufren estas violaciones.
Quién paga o decide:: El Estado Libre Asociado, a través de sus agencias, financia la operación legislativa y judicial que procesa estas leyes. La decisión de implementación recae en los tribunales y en la administración pública, pero la medida busca que el pago final de la sentencia por discrimen político recaiga en el funcionario, no en el Estado.

En qué va

La medida, P. de la C. 215, fue el 13 de enero de 2025 y apareció en Primera Lectura de la Cámara el 16 de enero de 2025, siendo referida a la Comisión de Turismo.

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Trámite legislativo

Última acción · 16 de enero de 2025

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