PC 891

Para enmendar el subinciso (d) del inciso (1) del Artículo 4.01 de la Ley Núm. 154-2018 , según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la intención legislativa de incluir como violaciones a dicha ley la evasión o disminución de obligaciones de pagar o transmitir dinero o propiedad al Gobierno y para atemperarla a las violaciones de esta naturaleza, según definidas y reguladas por el False Claims Act, 31 U.S.C. §§3729-3733 y la jurisprudencia federal aplicable; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

🤖 Resumen en lenguaje sencillo▾

Qué propone

Esta medida la Ley Núm. 154-2018 (Ley de Reclamaciones Fraudulentas) para aclarar que la evasión o disminución de obligaciones de pagar o transmitir dinero o propiedad al Gobierno de Puerto Rico constituye una violación de dicha ley. Busca equiparar estas conductas a las definidas bajo el 'False Claims Act' federal, permitiendo al Gobierno de Puerto Rico, o a ciudadanos actuando en su nombre (bajo la provisión 'Qui Tam'), demandar y recuperar fondos adeudados al erario público, además de imponer penalidades.

Pros

•Fortalece la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para recuperar fondos que le son adeudados, ampliando el alcance de la Ley 154-2018 para cubrir 'reclamaciones fraudulentas inversas' (situaciones donde se evade un pago al gobierno, no solo donde se obtiene un pago indebido del gobierno).
•Alinea la legislación local con el 'False Claims Act' federal y su , lo que podría facilitar la aplicación de estándares y precedentes federales ya establecidos en casos similares.
•Incentiva la participación ciudadana en la detección de fraude al gobierno mediante la provisión 'Qui Tam', permitiendo a individuos demandar en nombre del gobierno y recibir un porcentaje de los fondos recuperados, similar al modelo federal.
•Proporciona un mecanismo legal más robusto para asegurar que las personas y entidades cumplan con sus obligaciones fiscales y de pago hacia el Gobierno de Puerto Rico, más allá de los programas o contratos de servicio específicos.

Contras

•El articulado actual de la Ley 154-2018, que se cita, describe la violación como aquella que ocurre al 'hacer, usar, o causar que se haga o que se use un récord falso o una declaración que sea fundamental para una obligación de pagar, transmitir dinero o propiedad al Gobierno, o con conocimiento esconda e impropiamente evada o disminuya una obligación de pagar o transmitir dinero o propiedad'. La busca aclarar que esto aplica a 'cualquier naturaleza' de obligación, no solo a Programas de Gobierno o Contratos de Servicio. Sin embargo, el texto no especifica qué 'organismos' o 'unidades' dentro del Gobierno de Puerto Rico tendrán la autoridad y los recursos para fiscalizar y perseguir estas 'obligaciones de cualquier naturaleza' de manera efectiva, lo que podría dejar un vacío en la implementación práctica y la asignación de responsabilidades.

Intereses en juego

Beneficia a:: El Gobierno de Puerto Rico, al tener una herramienta legal más amplia para recuperar fondos adeudados. También beneficia a los ciudadanos que puedan actuar como 'whistleblowers' bajo la provisión 'Qui Tam', al ofrecerles un incentivo económico por revelar fraudes.
Preocupa a:: Individuos o entidades que tengan obligaciones de pago o transmisión de propiedad al Gobierno y que puedan haber estado evadiéndolas o disminuyéndolas, ya que ahora enfrentan un mayor riesgo de ser demandados y penalizados bajo la Ley 154-2018.
Quién paga o decide:: El costo de nómina y operación para la implementación recae en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, específicamente en las unidades designadas para la fiscalización de fraude. La implementación final y la asignación de recursos para perseguir estas reclamaciones recaerán en la estructura administrativa del Departamento de Justicia, bajo la dirección del Secretario de Justicia, quien es nombrado por el Gobernador.

📜 Perspectiva histórica

. Esta medida se relaciona con el patrón histórico de corrupción en el gobierno de Puerto Rico, que ha llevado a múltiples acusaciones y arrestos de funcionarios de ambos partidos. La a la Ley de Reclamaciones Fraudulentas busca fortalecer los mecanismos internos para combatir la evasión y el fraude, un problema que los fragmentos sugieren ha requerido la intervención federal ante la erosión de la confianza ciudadana.

En qué va

La medida (PC 891) fue el 27 de enero de 2026 y posteriormente por el Senado el 19 de junio de 2026, con . Tras la del cuerpo de origen, fue el 14 de julio de 2026.

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Trámite legislativo

Última acción · 14 de julio de 2026

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Votación

Cámara · Aprobada

27 de enero de 2026

45 A favor8 Ausente

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PC 829
Para enmendar la Sección 5.2 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer que las disposiciones de dicha Ley serán de aplicación a las entidades y componentes del gobierno enumerados en los incisos (1) al (13) de la referida Sección, en aquellos casos en los cuales alguna disposición de la Ley lo establezca expresamente; para añadir una nueva Sección 6.9 a la Ley 8-2017 a los fines de disponer que toda persona jurídica que tenga algún accionista, oficial y/o miembro de su Junta de Directores, que sea inelegible para empleo o contrato de servicios profesionales en el servicio público, de conformidad con la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, no podrá contratar ni licitar mientras dure dicha inelegibilidad, con agencias de gobierno, corporaciones públicas, y otros componentes del gobierno y entidades; para disponer que dicha prohibición de contratar y licitar se extenderá a toda persona jurídica creada por un tercero para continuar allegando fondos, propiedades y/o beneficiar económicamente, de manera sustancial, a quien es inelegible para empleo o contrato de servicios profesionales en el servicio público, de conformidad con la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, mientras dure dicha inelegibilidad; para reenumerar la actual Sección 6.9 como la Sección 6.10 de la Ley 8-2017; para enmendar el Artículo 3.4 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a los fines de disponer que toda persona jurídica convicta por alguno de los delitos a los cuales hace referencia el mencionado Artículo estará sujeta a lo dispuesto en el Artículo 6.9 de la Ley 8-2017; para disponer que en aquellas ocasiones en las cuales una persona jurídica sea parte de un contrato con el gobierno, el mismo deberá contener una cláusula de resolución en caso de que alguno de sus accionistas, oficiales y/o miembros de su Junta de Directores, advenga inelegible para empleo o contrato de servicios profesionales en el servicio público, de conformidad con la Sección 6.8 de la Ley 8-2017; para enmendar el Artículo 5.2 de la Ley 2-2018, a los fines de disponer que el Gobierno de Puerto Rico, a través del Secretario de Justicia, estará obligado a presentar acciones civiles ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico contra toda persona natural o jurídica que haya incurrido en acciones u omisiones negligentes, culposas o ilícitas en menoscabo del erario, con el fin de reclamar que se le adjudique una indemnización monetaria equivalente al triple del daño económico ocasionado al erario mediante dicha conducta; para disponer que la obligación de presentar acciones civiles de conformidad con el referido Artículo nace en el momento en el que el Gobierno de Puerto Rico adviene en conocimiento, por cualquier medio, de la acción u omisión negligente, culposa o ilícita en menoscabo del erario; y para otros fines relacionados.

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