Para crear la “Ley de Demandas contra Profesionales de la Salud Laborando en Hospitales sin Fines de Lucro”, a los fines de igualar la limitación consignada en la Ley 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a la cuantía máxima reclamable en concepto de daños y perjuicios por impericia médica dirigida a profesionales de la salud laborando en instituciones médico-hospitalarias sin fines de lucro; establecer actos u omisiones no incluidas; y para otros fines relacionados.

“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley 136-2006, según enmendada, conocida como la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico, a los fines de otorgar mayor protección a los hospitales que ofrezcan programas de internado, ya sea aprobados por las autoridades competentes de los Estados Unidos o de Puerto Rico; así como para mitigar el éxodo masivo de médicos hacia otras jurisdicciones y salvaguardar la salud pública de la ciudadanía, entre otros fines.”

La medida propone enmendar el Artículo 7 de la Ley 136-2006 para extender la limitación de responsabilidad civil a $75,000 por persona y $150,000 por múltiples reclamaciones o causas de acción. Esta protección se aplicaría a los Centros Médicos Académicos Regionales y sus miembros de facultad por procedimientos médicos realizados en funciones académicas y docentes. Además, se extiende la inmunidad a estudiantes, médicos residentes, internos y personal en entrenamiento postgraduado de instituciones médico-hospitalarias públicas y privadas, actuando como eximente de responsabilidad por actos de impericia médica en el contexto de contratos con el Departamento de Salud, UPR o programas acreditados.

Para añadir los incisos (6) y (7) a la Sección 16 del Artículo VI; enmendar la Sección 4 del Artículo VIII; y añadir un inciso (i) a la Sección 2 del Artículo IX de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a fin de aclarar el alcance del derecho del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para subrogarse y recobrar, ante cualquier tercero que sea responsable por haber causado daños al beneficiario, aquellos gastos médicos pagados por el Gobierno como consecuencia de dichos daños, establecer la obligatoriedad de notificar a la Administración de Seguros de Salud sobre cualquier causa de acción en daños que sea presentada por un beneficiario, y para otros fines relacionados..

La medida enmienda la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (Ley 72-1993) para clarificar y fortalecer el derecho del Gobierno de Puerto Rico a subrogarse y recobrar gastos médicos pagados por el programa Medicaid/CHIP de terceros responsables por los daños que causaron dichos gastos. También establece la obligatoriedad de notificar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) sobre cualquier demanda por daños presentada por un beneficiario. Afecta directamente a los beneficiarios de programas de salud pública que presenten reclamaciones por daños, a los terceros responsables de dichos daños y a ASES.

Para añadir el inciso (x) al Artículo 41.050 de la Ley 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” a los fines de extender los límites de responsabilidad civil por impericia médico-hospitalaria a los que está sujeto el Gobierno de Puerto Rico, al Hospital San Fernando de la Carolina, independientemente sea operado o administrado por una institución privada, de los y para otros fines relacionados.

La medida buscaba enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico para extender los límites de responsabilidad civil por impericia médico-hospitalaria al Gobierno de Puerto Rico y a hospitales de su propiedad o de municipios, aun cuando sean operados privadamente. También proponía otorgar inmunidad a sus facultativos. La medida buscaba tener un efecto retroactivo hasta el 21 de abril de 2015 para casos pendientes de sentencia final y firme.