“Para enmendar el Artículo 7 de la Ley 136-2006, según enmendada, conocida como la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico, a los fines de otorgar mayor protección a los hospitales que ofrezcan programas de internado, ya sea aprobados por las autoridades competentes de los Estados Unidos o de Puerto Rico; así como para mitigar el éxodo masivo de médicos hacia otras jurisdicciones y salvaguardar la salud pública de la ciudadanía, entre otros fines.”

Para crear la “Ley de Demandas contra Profesionales de la Salud Laborando en Hospitales sin Fines de Lucro”, a los fines de igualar la limitación consignada en la Ley 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, a la cuantía máxima reclamable en concepto de daños y perjuicios por impericia médica dirigida a profesionales de la salud laborando en instituciones médico-hospitalarias sin fines de lucro; establecer actos u omisiones no incluidas; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley de Demandas contra Profesionales de la Salud Laborando en Hospitales sin Fines de Lucro. Su propósito es equiparar la limitación de $75,000 por reclamante individual y $150,000 por reclamaciones múltiples, establecida en la Ley 104 de 1955 para el Estado, a los profesionales de la salud que trabajan en hospitales sin fines de lucro. Esto busca armonizar la responsabilidad civil y proteger la estabilidad económica de estas instituciones.

Para establecer la “Ley de Comités de Revisión de Ejecutoria Profesional y de Calidad en Instituciones Médico-Hospitalarias”, a los fines de declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico que los reportes y procedimientos llevados a cabo por los comités de calidad y la facultad médica, establecidos con el propósito de evaluación y mejoramiento de la calidad del cuidado ofrecido por entidades de cuidado de salud, no son objeto de descubrimiento de prueba; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone crear la "Ley de Comités de Revisión de Ejecutoria Profesional y de Calidad en Instituciones Médico-Hospitalarias". Su objetivo es establecer como política pública que los informes y procedimientos de los comités de calidad y facultades médicas en entidades de cuidado de salud no sean objeto de descubrimiento de prueba en procesos legales. Esto busca proteger la confidencialidad de las deliberaciones internas destinadas a mejorar la calidad del servicio médico.

Para insertar un nuevo inciso (d) y renumerar los incisos subsiguientes del Artículo 1540 y para derogar el inciso (g) del Artículo 1541 de la Ley 55-2020, conocida como "Código Civil de Puerto Rico", a los fines de aclarar que las instituciones de cuidado de salud responderán vicariamente y no objetivamente por los daños que causan personas que operan franquicias exclusivas de servicios de salud en dichas instituciones o por los daños causados por personal de la institución a un paciente que accede directamente sin referido de un médico primario; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda el Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020) para modificar la responsabilidad de las instituciones de cuidado de salud. Específicamente, traslada la responsabilidad objetiva (sin culpa) a responsabilidad vicaria (por actos de otros) para daños causados por personas que operan franquicias exclusivas dentro de la institución, o por personal de la institución a pacientes que acceden directamente sin referido de médico primario. Busca aclarar que las instituciones responderán por culpa o negligencia de terceros bajo su supervisión o control, no de forma absoluta.