Para enmendar el Artículo 37 del Código Político de 1902, según enmendado, a fin de disponer que las leyes aprobadas y firmadas por el Gobernador de Puerto Rico se enumeren de forma tal que contengan los dígitos correspondientes al número de la Ley aprobada seguido por un guión y los cuatro (4) dígitos que indiquen el año en que fue aprobada, el número respectivo a la ley será de forma consecutiva para cada año natural y disponer que toda referencia a una ley citada de conformidad con este Artículo se entiende que se refiere a la ley enmendada al momento de citarla, sin necesidad de incluir en la cita la frase “según enmendada”.

Para crear el“Código Anticorrupción y Ética de Puerto Rico de 2025”; establecer la normas éticas para contratistas, suplidores ysolicitantes de incentivos económicos del Gobierno; enmendar los Artículos 191 y 280, añadir un nuevo Artículo250 derogar los actuales Artículos 250 al 267 y reenumerar los Artículos 268 al 309 como los Artículos 251 al 292 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; derogar la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”; derogar la Ley 99 de 5 de mayo de 1941, según enmendada; y para otros fines

La medida propone crear el “Código Anticorrupción y Ética de Puerto Rico de 2025”, el cual busca establecer normas éticas para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos del Gobierno. Además, enmienda el Código Penal vigente (Ley 146-2012) para modificar artículos relacionados con corrupción, deroga la Ley 2-2018 (“Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”) y la Ley 99 de 1941. El objetivo es centralizar y actualizar la legislación sobre ética y anticorrupción, enfocándose en un enfoque "económicamente punitivo" para desincentivar la codicia y promover la transparencia y la sana administración pública.

Para enmendar el Artículo 2.01 del Capítulo 2 de la Ley Núm. 122-2017, conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, y el primer párrafo del Artículo 3 de la Ley Núm. 209-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, con el propósito de incluir al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico entre las entidades exentas de las disposiciones de la referida Ley Núm. 122 y manifestar expresamente en dichas leyes tal exclusión, a fin de preservar la naturaleza del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico como entidad autónoma administrativa y fiscalmente de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico; y realizar correcciones técnicas.

La medida propone enmendar la Ley del Nuevo Gobierno (Ley 122-2017) y la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Ley 209-2003). Busca eximir explícitamente al Instituto de Estadísticas de las disposiciones de la Ley 122-2017, que permite al Gobernador someter Planes de Reorganización a la Legislatura. También corrige referencias técnicas en la Ley 209-2003 para reflejar esta exclusión y otras actualizaciones legislativas. Afecta directamente al Instituto de Estadísticas, asegurando su autonomía frente a posibles reorganizaciones ejecutivas y clarificando su estatus legal.

Para enmendar las Secciones 2.1, 2.4, 2.8 y añadir una nueva Sección 2.21 en la Ley 38-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; a fin de establecer términos razonables para la redacción y aprobación de reglas y reglamentos por parte de las agencias; disponer que la ausencia de reglas o reglamentos no será ni podrá interpretarse como un obstáculo para la total y cabal implementación de las leyes; y establecer las responsabilidades de los directivos de agencias en caso de no cumplir a tiempo las disposiciones de esta ley, entre otras cosas.

La medida buscaba enmendar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) para establecer plazos razonables para que las agencias redacten y aprueben sus reglas y reglamentos. Proponía que la falta de reglamentación no impidiera la implementación de leyes y señalaba responsabilidades para los directivos de agencias que no cumplieran con estos plazos. Afectaba directamente a todas las agencias gubernamentales y a los ciudadanos que interactúan con ellas.