Para autorizar el establecimiento del “Programa de Adiestramiento para Administradores en la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico”, a los fines de capacitar a los habitantes de los residenciales públicos para que asuman la administración de esos complejos de vivienda; y para otros fines relacionados.

Para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a transferir al Departamento de la Vivienda las escuelas en desuso del País que están bajo su titularidad, para que puedan utilizarse en el desarrollo de vivienda de interés social en beneficio de las comunidades donde ubiquen; ordenar al Departamento de la Vivienda enmendar el Plan Preliminar de Vivienda Estatal y el Programa de Desarrollo Comunitario por Subsidio Determinado para Recuperación de Desastres o cualquier otro programa administrado por el Departamento para mejoras o reconstrucción de viviendas para que, en los fondos asignados a dichos programas, se incluya la rehabilitación como vivienda de interés social de escuelas en desuso que estén en condiciones para ser rehabilitadas; para autorizar al Departamento de la Vivienda a arrendar a largo plazo, y a un precio o canon de arrendamiento nominal dichas propiedades, siempre y cuando las mismas se destinen a proyectos de viviendas de interés social; y para otros fines relacionados.

Esta medida autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a transferir al Departamento de la Vivienda (DV) las escuelas públicas en desuso bajo su titularidad. El DV deberá enmendar sus planes de vivienda para incluir la rehabilitación de estas estructuras en proyectos de vivienda de interés social, y podrá arrendarlas a largo plazo a un costo nominal para tales fines, beneficiando a comunidades con necesidad de vivienda asequible.

Para establecer la “Ley para la certificación de planes de ordenación territorial, planes de uso de terrenos y documentos, cuya preparación requiera por ley la gestión de un planificador profesional licenciado”; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 61 (P. del C. 61) buscaba establecer la 'Ley para la certificación de planes de ordenación territorial, planes de uso de terrenos y documentos, cuya preparación requiera por ley la gestión de un planificador profesional licenciado'. Específicamente, proponía exigir la certificación de un planificador profesional licenciado para Planes de Ordenación Territorial, Planes de Ensanche y Planes de Área (Artículo 2), así como para consultas de ubicación, variaciones de uso y cualquier documento con incidencia en el uso del suelo (Artículo 3), ante la Junta de Planificación (JP) y los municipios. También obligaba a la JP, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y los municipios a adoptar reglamentación para cumplir con estas disposiciones.

Para derogar la Ley Núm. 209-2004, conocida como "Ley de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas", y disolver la Corporación para la Rehabilitación de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas, adscrita al Departamento de la Vivienda.

Esta medida, Ley 5-2026, deroga la Ley Núm. 209-2004 y disuelve formalmente la Corporación para la Rehabilitación de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas. La disolución implica la transferencia de sus activos, pasivos y responsabilidades, así como la finalización de sus operaciones y estructura organizacional, afectando directamente al personal y a los proyectos que esta corporación administraba.