Para enmendar el inciso (j), del Artículo 4, de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de eliminar la prohibición dispuesta que impide que ciertas personas que ocupen un cargo o empleo público puedan obtener la licencia de detective privado; y para otros fines relacionados.

Para añadir un artículo 9a y enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, conocida como la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico” a los fines de establecer expresamente la facultad de los municipios para brindar servicios de seguridad en las escuelas públicas ubicadas dentro de su jurisdicción municipal, disponer que ello no constituirá la operación de una agencia privada de seguridad bajo la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad”, disponer los requisitos necesarios para brindar el servicio, y para otros fines relacionados.

Esta medida añade un Artículo 9A y enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 108 de 1965. Permite que el Departamento de Educación contrate a los municipios para proveer servicios de seguridad en escuelas públicas dentro de su jurisdicción. Establece que estos servicios municipales no se considerarán una agencia de seguridad privada y fija un derecho de licencia de $20 por guardia municipal adscrito a la Policía Municipal que cumpla con los requisitos de adiestramiento. Afecta directamente a los municipios, al Departamento de Educación y a la comunidad escolar, al tiempo que clarifica la regulación de los guardias municipales que presten estos servicios.

Para enmendar los incisos (e), (f) y (g) del Artículo 4 (B), y el Artículo 15 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según emendada, de la “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico” a los fines de establecer para los guardias de seguridad el requisito de readiestramientos y el uso de armas no letales; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 1242, enmienda la Ley Núm. 108 de 1965 para establecer requisitos de adiestramiento y el uso de armas no letales para guardias de seguridad. Se exige un curso inicial de al menos cuatro semanas con ocho horas de uso de mecanismos no letales, y educación continua de seis horas cada dos años, incluyendo una hora obligatoria en no letales. También se especifica que los guardias deben tener a su disposición armas no letales como spray de pimienta o batones.

Para añadir los incisos (d) y (e) al Artículo 10 de la Ley 281-2003, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración del Servicio del Jurado en Puerto Rico”, a los fines de eximir a los médicos, enfermeros y al personal docente activo del sistema público o privado de enseñanza de Puerto Rico de servir como jurado; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 70, propone enmendar la Ley 281-2003, conocida como la Ley para la Administración del Servicio del Jurado en Puerto Rico. Añade dos nuevos incisos al Artículo 10 para eximir de forma permanente a los médicos, enfermeros y al personal docente activo (público o privado) de servir como jurado. Esto impacta directamente a estos profesionales y al universo de ciudadanos elegibles para formar parte de un jurado.