Para establecer la “Ley de Acceso Justo a los Estados Bancarios bajo Custodia de Instituciones Financieras”; a los fines de disponer un procedimiento expedito y económicamente accesible para todo consumidor que pida una copia de sus estados de cuenta o bancarios a una institución bancaria sita en Puerto Rico; y otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para Expandir los Límites de Transferencia de Fondos Persona a Persona (P2P)”; a los fines de requerir a las instituciones financieras y proveedores de redes de transferencia electrónica que operan en Puerto Rico ofrecer a sus clientes un límite de transferencia diaria de hasta un mínimo de mil dólares ($1,000.00); establecer mecanismos de seguridad; y para otros fines relacionados.

Esta medida, la "Ley para Expandir los Límites de Transferencia de Fondos Persona a Persona (P2P)", requiere que las instituciones financieras y proveedores de redes de transferencia electrónica que operan en Puerto Rico ofrezcan a sus clientes la capacidad de realizar transferencias diarias de al menos mil dólares ($1,000.00). El propósito es facilitar transacciones legítimas y promover el acceso a servicios financieros digitales, permitiendo a las entidades financieras establecer límites mayores o implementar medidas de seguridad y gestión de riesgo adicionales.

Para enmendar la Ley Núm. 92 de 26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar a las Instituciones Financieras a Recibir Depósitos en Cuenta Corriente o en Ahorro de Cualquier Persona Mayor de Diez y Ocho (18) Años de Edad”, así como, el Artículo 4.01 de la Ley 255-2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito del 2002", y los Artículos 7.1, 11.03 y 34.1 de la Ley 239-2004, según enmendada, conocida como "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004", a los fines de ampliar la emancipación legal especial a favor de los jóvenes de dieciséis (16) años para que puedan solicitar y utilizar los servicios financieros en las instituciones bancarias de Puerto Rico; permitir que sean admitidos como socios en las cooperativas de tipos diversos; enmendar la definición de "Socios Trabajadores"; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar varias leyes (Ley Núm. 92-1965, Ley 255-2002 y Ley 239-2004) para permitir que jóvenes de dieciséis (16) años puedan solicitar y utilizar servicios financieros en instituciones bancarias y ser admitidos como socios en cooperativas de ahorro y crédito y de tipos diversos. Busca ampliar la emancipación legal especial para estos fines, equiparando su capacidad de acceso a servicios financieros con su capacidad para integrarse a la fuerza laboral desde esa edad. Esto afecta directamente a jóvenes de 16 y 17 años que buscan independencia financiera y a las instituciones financieras que deberán adaptar sus procesos.

Para crear la “Ley para la Protección de Datos e Información del Consumidor” con el fin de que el consumidor deba prestar su consentimiento informado sobre la recolección, uso y acceso de la información que éste presta, en virtud de una solicitud por parte de cualquier Individuo Residente de Puerto Rico que establezca un negocio, entidad jurídica incorporada u organizada bajo las leyes de Puerto Rico o de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, o una corporación extranjera que tenga una oficina u otro local fijo y que opere en Puerto Rico como parte de su extensión comercial, conforme a las leyes que permiten su extensión operacional; añadir un nuevo inciso (13) al Artículo 7A de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la "Ley para la Protección de Datos e Información del Consumidor" y enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para exigir el consentimiento informado de los consumidores antes de que las empresas recopilen, usen o compartan su información personal. Establece derechos para los consumidores como la eliminación y corrección de datos, y prohíbe la discriminación por ejercer estos derechos. Afecta a todas las empresas que operan en Puerto Rico y a los consumidores residentes, facultando al Secretario de DACO para reglamentar e imponer multas de $500 a $5,000 por violación.