Para enmendar la Sección 14(b) de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como “Ley de Bancos”, con el propósito de establecer que, todo banco organizado bajo las disposiciones de esta Ley, vendrá obligado a facilitarle y permitirle a sus clientes realizar sus transacciones bancarias y que se ofrezcan los servicios a sus cuentas, totalmente en línea, salvo que haya una ley que impida su realización; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1.3 de la Ley Núm. 136-2010, según enmendada, conocida como “Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”, a los fines de adoptar disposiciones del Modelo de Ley de Modernización de Transmisión de Dinero de la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 1.3 de la Ley Núm. 136-2010 para modificar las exclusiones del licenciamiento de negocios de servicios monetarios. Busca adoptar disposiciones del Modelo de Ley de Modernización de Transmisión de Dinero de la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales. Permite que ciertos operadores de sistemas de pago, intermediarios procesadores de pagos, y proveedores de servicios externos de instituciones financieras con seguro federal queden exentos de licencia bajo condiciones específicas, facilitando así la introducción de nuevos productos y servicios de pago, incluyendo transacciones casi en tiempo real, tanto domésticas como transfronterizas.

Para establecer la “Ley para Expandir los Límites de Transferencia de Fondos Persona a Persona (P2P)”; a los fines de requerir a las instituciones financieras y proveedores de redes de transferencia electrónica que operan en Puerto Rico ofrecer a sus clientes un límite de transferencia diaria de hasta un mínimo de mil dólares ($1,000.00); establecer mecanismos de seguridad; y para otros fines relacionados.

Esta medida, la "Ley para Expandir los Límites de Transferencia de Fondos Persona a Persona (P2P)", requiere que las instituciones financieras y proveedores de redes de transferencia electrónica que operan en Puerto Rico ofrezcan a sus clientes la capacidad de realizar transferencias diarias de al menos mil dólares ($1,000.00). El propósito es facilitar transacciones legítimas y promover el acceso a servicios financieros digitales, permitiendo a las entidades financieras establecer límites mayores o implementar medidas de seguridad y gestión de riesgo adicionales.

Para enmendar los Artículos 2, 9 y 12 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” y los Artículos 3 y 7 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, para establecer la política pública en cuanto a la prestación de servicios gubernamentales para personas que no cuenten con recursos tecnológicos; que todas las agencias gubernamentales ofrezcan alternativas inmediatas para aquellas personas que procuren servicios públicos y no tengan los medios o el dominio del recurso tecnológico para procurarlos de manera virtual; requerir de las agencias gubernamentales un protocolo a tales propósitos; y para fines relacionados.

El Proyecto del Senado 347 propone enmendar la Ley 75-2019 (Ley de PRITS) y la Ley 151-2004 (Ley de Gobierno Electrónico). Busca establecer como política pública que las agencias gubernamentales ofrezcan alternativas inmediatas y establezcan protocolos para personas que no puedan acceder a servicios públicos de manera virtual por falta de recursos tecnológicos o dominio de herramientas digitales. Afecta directamente a ciudadanos con brecha digital y a todas las agencias gubernamentales.