Para crear el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), adscrito al Departamento de Justicia; definir sus, facultades, funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; así como enmendar los Artículos 1.03, 1.06, 1.16 y 2.04; derogar el Capítulo 7, reenumerar el actual Capítulo 8 como nuevo Capítulo 7; reenumerar los actuales Artículos 8.01 al 8.07, como los nuevos Artículos 7.01 al 7.07 respectivamente, de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; separando el mismo de este departamento; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.05 y 6.03 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; a los fines de facultar y ordenar al Secretario de dicho Departamento a expedir una identificación oficial para los miembros retirados honrosamente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE); armonizar dicha identificación con los requisitos de la ley federal “Law Enforcement Officers Safety Act” (LEOSA); y para otros fines para relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 1218, propone enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública (Ley 20-2017) para facultar y ordenar al Secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) a expedir una identificación oficial a miembros retirados honrosamente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) con al menos diez años de servicio. Esta identificación busca armonizar con la ley federal Law Enforcement Officers Safety Act (LEOSA), permitiendo a estos exoficiales portar armas de fuego ocultas. El Departamento tendrá 90 días para adoptar la reglamentación pertinente.

Para derogar la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; reestablecer las disposiciones de la Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico; restablecer las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 211-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico”; restituir las disposiciones de la Ley 539-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; restablecer las disposiciones de la Ley 144-1994, según enmendada, conocida como “Ley de Llamadas 9-1-1”; restituir las disposiciones del Capítulo III del Plan 5-2011, mejor conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Justicia de 2011”; restituir las disposiciones del Plan de Reorganización 2-1993, según enmendado, conocido como “Comisión de Seguridad y Protección Pública”; disponer sobre los fondos federales que pudieron estar en riesgo por la aprobación del Departamento de Seguridad Pública mediante la Ley 20-2017; disponer sobre los empleados del Departamento de Seguridad Pública; disponer sobre las propiedades y equipos del Departamento de Seguridad Pública; establecer las transferencias de poderes y responsabilidades del DSP; derogar y disolver la Junta de Evaluación Médica, el Comité Ejecutivo de Seguridad de Puerto Rico y la Oficina de Manejo de Información de Seguridad; y para otros fines.

Esta medida propone derogar la Ley 20-2017, que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP), y restituir las leyes y planes de reorganización originales que regían a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos, Emergencias Médicas, Manejo de Emergencias, el Sistema 9-1-1, el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como entidades separadas. Busca devolver la autonomía administrativa y operativa a estas agencias, reestableciendo sus estructuras de mando y presupuestos independientes. También aborda la transferencia de fondos federales, personal, propiedades y equipos, y la disolución de juntas y comités creados bajo la Ley 20-2017.

Para crear la "Ley de la Policía de Puerto Rico" definir sus funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; enmendar los Artículos 1.02, 1.06, 1.11, 1.12, 1.17, 1.18, 1.19 y 1.20; eliminar el Capítulo 2 y reenumerar los Capítulos 3 al 8, como los Capítulos 2 al 7, respectivamente; reenumerar los actuales Artículos del 3.01 al 8.07 como los nuevos Artículos 2.01 al 7.07, respectivamente, en la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", con el propósito de atemperar dicha Ley con la creación de la Policía de Puerto Rico; derogar la Ley 103-2010, según enmendada, mejor conocida como "Ley para la Educación Continua de los Miembros de la Policía de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada; establecer las normas de transición aplicables para la implantación de esta ley; y para otros fines relacionados.

La medida crea la 'Ley de la Policía de Puerto Rico' y reestructura la 'Ley del Departamento de Seguridad Pública' (Ley 20-2017) para otorgar autonomía administrativa y fiscal a la Policía. Esto implica la derogación de la ley de educación continua policial y la redefinición de funciones y recursos de la fuerza. Afecta directamente a la estructura de gobernanza de la seguridad pública, al rol del Secretario de Seguridad Pública y al Superintendente de la Policía, así como a los miembros de la Uniformada y a la ciudadanía en general.