Para derogar el Artículo 8 de la Ley 160–2001, según enmendada, conocida como la “Ley de Declaración Previa de Voluntad Sobre Tratamiento Médico”, a los fines de garantizar la capacidad jurídica plena de las personas embarazadas para ejercer su derecho a declarar anticipadamente su voluntad sobre tratamientos médicos.

Intereses en juego

Beneficia a:

Las personas embarazadas, al devolverles la plena capacidad de ejercer su derecho a la autonomía y a la voluntad anticipada sobre tratamientos médicos.

Preocupa a:

Podría generar preocupación en el personal médico y las instituciones de salud ante la potencial falta de claridad en escenarios clínicos complejos donde la voluntad de la paciente y el bienestar fetal puedan ser percibidos como en conflicto, aunque la ley busca afirmar la primacía de la autonomía individual.

Quién paga o decide:

La implementación de la ley no conlleva costos adicionales de nómina o operación directa, ya que se trata de una derogación. Las decisiones sobre la aplicación práctica recaerán en los profesionales de la salud y las instituciones médicas, bajo el marco legal establecido.