Para enmendar los Artículos 9.03, 9.05 y 9.06 de la Ley 255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, a los fines de ajustar las cuantías de las sanciones administrativas; establecer expresamente la exclusión del beneficio de sentencia suspendida o probatoria en los casos de convicción por las conductas delictivas tipificadas; e incorporar la pena de restitución como sanción de carácter obligatorio.

Intereses en juego

Beneficia a:

La Corporación (entidad supervisora) y los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, al fortalecer los mecanismos de sanción y restitución contra delitos financieros.

Preocupa a:

Individuos que cometan delitos graves dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, quienes ya no podrán acogerse a sentencias suspendidas o probatorias y enfrentarán multas administrativas potencialmente mayores.

Quién paga o decide:

La Corporación, como entidad administrativa, será la encargada de imponer las multas administrativas. La decisión de imponer la pena de reclusión y restitución recae en los tribunales. Los costos de operación y fiscalización recaen sobre el presupuesto de la Corporación, que a su vez puede ser financiada por fondos públicos o tarifas sectoriales.