Para crear la “Ley de Cumplimiento Contractual y Pago Puntual de Contratistas, Subcontratistas y Suplidores en Puerto Rico”, a los fines de establecer un régimen de cumplimiento contractual que armonice las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico y el Título 31, Capítulo 39 del Código de los Estados Unidos, conocido como el “Prompt Payment Act”; garantizar el pago puntual; proteger los derechos de contratistas, subcontratistas, suplidores y consumidores en contratos públicos y privados; disponer sanciones administrativas por incumplimiento; requerir garantías de cumplimiento mediante fianza de pago y ejecución; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Facultar la Suspensión Cautelar de Contratos Gubernamentales por Acusaciones de Delitos contra la Función Gubernamental o Fraude” a los fines de establecer un mecanismo de suspensión de contrato con el Gobierno de Puerto Rico cuando la entidad o persona contratada es objeto de acusación de delito contra la función gubernamental o fraude hasta que recaiga determinación final; enmendar el Artículo 5 de la Ley 237-2004, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA” a los fines de incluir un nuevo inciso Q para incluir una cláusula mandatoria sobre suspensión cautelar; y para otros fines relacionados.

La medida crea la “Ley para Facultar la Suspensión Cautelar de Contratos Gubernamentales por Acusaciones de Delitos contra la Función Gubernamental o Fraude” e instruye a todas las agencias y corporaciones públicas a incluir una cláusula mandatoria en sus contratos. Esta cláusula permitirá suspender cautelarmente un contrato si el contratista es formalmente acusado de fraude o delitos contra la función pública, y la agencia determina que la continuación del contrato representa un riesgo sustancial al interés público, hasta que concluya el proceso legal. Se enmienda la Ley 237-2004 para incorporar esta disposición como requisito en la contratación de servicios profesionales y consultivos.

Para añadir un Artículo 3 a la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de registro de contratos”, para establecer que todo contratista de alguna agencia, instrumentalidad o dependencia del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá presentar una factura mensual por los servicios prestados al gobierno, incluyendo las facturas de toda subcontratación realizada; reenumerar los Artículos 4 y 5, de dicha ley; y para otros fines relacionados.

La medida propone añadir un Artículo 3 a la Ley Núm. 18 de 1975 (Ley de registro de contratos) para exigir que todo contratista del gobierno presente una factura mensual por los servicios prestados, incluyendo las facturas de cualquier subcontratación. Busca reenumerar artículos existentes y facultar a la Oficina del Contralor para reglamentar su cumplimiento. Afecta directamente a agencias gubernamentales, sus contratistas y subcontratistas.

Para establecer la obligación de que toda persona natural o jurídica que contrate, subcontrate o reciba servicios de profesionales independientes, freelancers, emprendedores o pequeñas y medianas empresas (PyMEs) formalice dichos acuerdos mediante contrato escrito; disponer las condiciones mínimas de pago y cumplimiento; crear la Oficina de Apoyo a Freelancers y Emprendedores (OAFE) adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; establecer penalidades por incumplimiento contractual y actos de represalia; crear el Fondo de Beneficios y Reconocimiento a Freelancers y Emprendedores de Puerto Rico bajo la administración del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; y para otros fines relacionados.

Esta medida, la Ley de Protección, Equidad y Apoyo a Freelancers, Emprendedores y Pequeños y Medianos Negocios de Puerto Rico, establece la obligación de que toda relación de servicios independientes con valor superior a $800 se formalice mediante un contrato escrito. Crea la Oficina de Apoyo a Freelancers y Emprendedores (OAFE) adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para proteger derechos y mediar, y el Fondo de Beneficios y Reconocimiento a Freelancers y Emprendedores de Puerto Rico bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para proveer acceso a programas. Impone penalidades por incumplimiento contractual y actos de represalia.