Para establecer la obligación de que toda persona natural o jurídica que contrate, subcontrate o reciba servicios de profesionales independientes, freelancers, emprendedores o pequeñas y medianas empresas (PyMEs) formalice dichos acuerdos mediante contrato escrito; disponer las condiciones mínimas de pago y cumplimiento; crear la Oficina de Apoyo a Freelancers y Emprendedores (OAFE) adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; establecer penalidades por incumplimiento contractual y actos de represalia; crear el Fondo de Beneficios y Reconocimiento a Freelancers y Emprendedores de Puerto Rico bajo la administración del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Cumplimiento Contractual y Pago Puntual de Contratistas, Subcontratistas y Suplidores en Puerto Rico”, a los fines de establecer un régimen de cumplimiento contractual que armonice las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico y el Título 31, Capítulo 39 del Código de los Estados Unidos, conocido como el “Prompt Payment Act”; garantizar el pago puntual; proteger los derechos de contratistas, subcontratistas, suplidores y consumidores en contratos públicos y privados; disponer sanciones administrativas por incumplimiento; requerir garantías de cumplimiento mediante fianza de pago y ejecución; y para otros fines relacionados.

La medida crea la 'Ley de Cumplimiento Contractual y Pago Puntual de Contratistas, Subcontratistas y Suplidores en Puerto Rico'. Busca armonizar el Código Civil de Puerto Rico con el 'Prompt Payment Act' federal para garantizar el pago puntual en contratos públicos y privados. Establece sanciones administrativas por incumplimiento y exige fianzas de pago y ejecución para asegurar la correcta ejecución y el pago a terceros. Afecta a todas las partes en contratos públicos y privados, incluyendo entidades gubernamentales, contratistas principales, subcontratistas, suplidores y consumidores.

Para enmendar el inciso (a) de la sección 1020.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, mejor conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico“, a los fines de aclarar que los empleos a tiempo parcial y el autoempleo están cubiertos bajo la definición de microempresas; entre otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 881 enmienda la Sección 1020.01 de la Ley 60-2019 (Código de Incentivos de Puerto Rico) y otras leyes relacionadas (Ley 62-2014 y Ley 120-2014) para aclarar la definición de 'microempresa'. Ahora se considerarán microempresas aquellas PYMES con ingresos brutos anuales menores de $500,000 y hasta siete (7) empleados, sin importar si son a tiempo parcial o completo, o autoempleo. La medida también establece una fórmula para calcular el equivalente a tiempo completo sumando las horas trabajadas y dividiendo entre 162. Esto amplía el acceso a incentivos como 'Capital Semilla' para emprendedores que operan con personal a tiempo parcial o son autoempleados.

Para crear la “Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño” a los fines de establecer un programa de reembolso salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una merma en el volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la cantidad de empleados que tienen a tiempo completo y/o transicional los empleados de medio tiempo a tiempo completo; establecer los requisitos de elegibilidad para que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta Ley; definir las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico en la administración de esta Ley; derogar el Artículo 2.4 de la Ley Núm. 120 de 31 de julio de 2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; asignar fondos para su implementación; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la Ley de Rescate al Empresario Puertorriqueño para establecer un programa de incentivos y beneficios dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo de cierre o despidos. Los beneficios incluyen reembolso salarial (hasta 50% del salario mínimo estatal), tasas contributivas preferenciales (5%-20% sobre ingresos), planes de pago de deudas contributivas sin intereses ni penalidades, exenciones parciales en patentes municipales y contribuciones sobre propiedad mueble/inmueble (hasta 50% o 100% por 3 años), y descuentos en primas del Fondo del Seguro del Estado (50% por 3 años). También contempla planes de pago para deudas de servicios de energía eléctrica y agua potable. La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (DDEC) administrará el programa, certificando empresas elegibles que demuestren merma en ventas, ganancias o producción y que estén considerando cesantías o cierres. La vigencia de los beneficios es de hasta tres años, y las empresas deben comprometerse a mantener su plantilla de empleados.