Para enmendar los Artículos 1 y 2; añadir los nuevos incisos (d), (e) y (f) y reenumerar los actuales incisos (d), (e), (f), (g) y (h) como los nuevos incisos (g), (h), (i), (j) y (k) del Artículo 3; añadir un nuevo inciso (d) y reenumerar el actual inciso (d) como el nuevo inciso (e) del Artículo 4 de la Ley 130-2008, mejor conocida como “Ley para el Ofrecimiento de Pruebas Rápidas para la Detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana”, para autorizar el ofrecimiento de pruebas rápidas exentas para el cernimiento de infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales; y para otros fines relacionados

Para crear la “Ley para la Administración de Pruebas en el Punto de Cuidado de Puerto Rico”, mediante la cual se promueve, facilita e incorpora en nuestra jurisdicción, el uso de los dispositivos de pruebas en el punto de cuidado (point of care); establecer la política pública que regirá la aplicación de esta Ley; disponer cuáles serán los deberes y obligaciones del Departamento de Salud; imponer penalidades; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone crear la Ley para la Administración de Pruebas en el Punto de Cuidado de Puerto Rico. Busca promover, facilitar e incorporar el uso de dispositivos de pruebas médicas en el punto de cuidado (Point-of-Care) en la jurisdicción. Establece la política pública, define deberes y obligaciones del Departamento de Salud, e impone penalidades. Afecta a proveedores de salud, pacientes y al Departamento de Salud al expandir el acceso y uso de estas pruebas diagnósticas.

Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”; enmendar la Sección 2 del Artículo IV y las Secciones 4 y 15 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, denominada “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 5, enmendar el inciso (b) del Artículo 8, enmendar el inciso (e) del Artículo 9, y añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 12 de la Ley 194-2000, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, denominada “Ley de Facilidades de Salud”, con el fin de reformar elementos esenciales del sistema de salud de Puerto Rico para extender protecciones y derechos adicionales a las personas con necesidades especiales en su interacción con las proveedoras de servicios de salud, las organizaciones de seguros de salud, y las agencias gubernamentales que reglamentan o canalizan dichos servicios; y para establecer otras disposiciones complementarias.

El Proyecto de la Cámara 864 propone enmendar varias leyes clave del sistema de salud de Puerto Rico, incluyendo la Ley Orgánica del Departamento de Salud, la Ley de la Administración de Seguros de Salud, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, y la Ley de Facilidades de Salud. Su objetivo es extender protecciones y derechos adicionales a personas con necesidades especiales en su interacción con proveedores de salud, aseguradoras y agencias gubernamentales. Busca reformar elementos esenciales del sistema para garantizar un acceso más digno, oportuno y continuo a los servicios médicos para esta población.

Para enmendar los Artículos 2 y 5 de la Ley Núm. 97 de 25 de junio de 1962, según enmendada, conocida como la “Ley para reglamentar el establecimiento y operación de los laboratorios de análisis clínicos, centros de plasmaféresis, centros de sueroféresis y bancos de sangre en Puerto Rico”, a los fines de autorizar a los laboratorios de análisis clínicos debidamente licenciados a administrar vacunas; establecer los requisitos mínimos para dicha autorización; y facultar al Secretario de Salud a crear la reglamentación necesaria para su supervisión y fiscalización.

La medida, Proyecto de la Cámara 866, propone enmendar la Ley Núm. 97 de 1962 para autorizar a los laboratorios de análisis clínicos debidamente licenciados en Puerto Rico a administrar vacunas. Establece requisitos mínimos para esta autorización, como personal cualificado e infraestructura adecuada, y faculta al Secretario de Salud a crear la reglamentación necesaria para su supervisión y fiscalización, otorgándole un plazo de 90 días para ello. Afecta directamente a los laboratorios clínicos, sus empleados y a la ciudadanía que busca acceder a servicios de vacunación.