Para enmendar los artículos 5, 10 y 22 de la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, a los fines de prohibir el consumo, la venta y la distribución de cannabis medicinal, muestras de cannabis medicinal o productos de cannabis medicinal o muestras de esos productos, en presencia de menores de edad; enmendar el Artículo 10.26 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el consumo de cannabis medicinal, mediante el método de vaporización en vehículos de motor cuando haya menores de edad en dicho vehículo de motor; hacer enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La enmienda al Artículo 10 de la Ley 42-2017, que prohíbe el consumo, venta y distribución en presencia de menores, no especifica sanciones ni penalidades directas para estas violaciones, remitiendo a la clasificación de 'infracción grave' bajo un reglamento específico (Núm. 9038) y a multas administrativas generales de hasta $100,000 bajo el Artículo 22, lo cual podría diluir la aplicación directa de sanciones por esta nueva prohibición.
• •La enmienda al Artículo 10.26 de la Ley 22-2000 eleva la edad para prohibir fumar en vehículos con menores de 18 a 21 años, pero la Ley 42-2017, en su Artículo 10(g) (vigente), ya prohíbe la entrada de menores de 21 años a dispensarios. Esta discrepancia podría generar confusión sobre la edad aplicable en diferentes contextos relacionados con el cannabis medicinal y menores.
• •La medida no detalla mecanismos de fiscalización específicos para la prohibición de consumo, venta y distribución en presencia de menores fuera de los dispensarios, ni establece cómo se determinará la 'presencia' de un menor en espacios abiertos o privados, lo que podría dificultar su aplicación efectiva.
• •Si bien la medida busca proteger a menores, la prohibición de consumo en vehículos con menores de 21 años (para fumar) podría ser vista como una restricción que excede la protección directa de la salud y seguridad, al basarse en una edad (21 años) que no siempre se correlaciona con la capacidad de discernimiento o riesgo de exposición directa, y que además difiere de la edad de mayoría de edad (18 años) para otros derechos y responsabilidades.