Para enmendar los artículos 5, 10 y 22 de la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, a los fines de prohibir el consumo, la venta y la distribución de cannabis medicinal, muestras de cannabis medicinal o productos de cannabis medicinal o muestras de esos productos, en presencia de menores de edad; enmendar el Artículo 10.26 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el consumo de cannabis medicinal, mediante el método de vaporización en vehículos de motor cuando haya menores de edad en dicho vehículo de motor; hacer enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La medida PS 1498 la Ley 42-2017 (Ley MEDICINAL) y la Ley 22-2000 (Ley de Vehículos y Tránsito). Prohíbe el consumo, venta y distribución de cannabis medicinal en presencia de menores de edad, y el consumo por vaporización en vehículos de motor si hay menores. También eleva la multa por fumar en vehículos con menores de $250 a $1,000 y aumenta la edad de prohibición de 18 a 21 años para fumar en vehículos con menores. Afecta a pacientes de cannabis medicinal, dispensarios, y conductores de vehículos de motor.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el marco regulatorio del cannabis medicinal establecido por la Ley 42-2017, que institucionalizó la industria en Puerto Rico. La propuesta busca ajustar las normas de consumo y distribución, reflejando la evolución de la legislación para abordar preocupaciones sociales y de salud pública en un sector que ha crecido rápidamente desde su creación.
En qué va
La medida PS 1498 fue el Senado de Puerto Rico el 1 de octubre de 2026, durante la Cuarta Sesión de la Vigésima Asamblea Legislativa.
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Última acción · 1 de octubre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, y 27 de la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, con el propósito de atemperar la Ley a la realidad actual del cannabis medicinal como tratamiento paliativo, aclarar los fines perseguidos por esta Ley, la política pública del Gobierno de Puerto Rico, establecer propósitos y porcientos de asignación en relación con los fondos recaudados por multas y licencias, atemperar reglamentación y para otros fines relacionados.
Enmienda los Artículos 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24 y 27 de la Ley MEDICINAL. Restringe la elegibilidad a condiciones terminales certificadas o condiciones debilitantes directamente asociadas, y permite que médicos con las credenciales profesionales requeridas recomienden cannabis mediante registro en la Junta, en vez de una licencia especializada; el entirillado añade un registro público con datos de contacto. Da al médico la decisión sobre dosis y vigencia de la recomendación, con un máximo de un año, y exige que el paciente firme constancia de que recibió información sobre riesgos y beneficios. Destina el 50% de los ingresos por licencias al Fondo para Enfermedades Catastróficas Remediables y el 50% de las multas a investigación y educación en la UPR; también reconoce identificaciones físicas o digitales y modifica la transición para pacientes y operadores.
Para añadir el subinciso (5) al inciso (C) y enmendar el inciso (D) del Artículo 24 de la Ley Núm. 42-2017, según enmendada, conocida como "Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley MEDICINAL)", a fin de aclarar prohibiciones con respecto a la utilización de cannabis medicinal para determinados empleados de transporte.
La Ley 204-2026 añade una quinta excepción al Artículo 24(C) de la Ley MEDICINAL: el patrono puede dejar de extender las protecciones laborales a un paciente registrado que pretenda realizar o realice funciones sensitivas de transporte, como conducir camiones o vehículos pesados, autobuses escolares, taxis o vehículos de plataformas o aplicaciones. El patrono debe establecer por preponderancia de la prueba que la persona pretende realizar o realiza esas funciones; el nuevo inciso no exige probar deterioro o peligro individual. También enmienda el inciso (D): conserva la interpretación liberal a favor del paciente, excepto cuando se dedique o pretenda dedicarse a alguna actividad relacionada con transportar bienes o personas conforme al inciso (C)(5). La Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal debe atemperar sus reglamentos, y la ley entró en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Para enmendar el Artículo 21 de la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (LEY MEDICINAL)”, a los fines de proveer, a los pacientes autorizados, la opción de obtener o renovar la Identificación de Paciente de Cannabis Medicinal por un término extendido de dos (2) o tres (3) años; y para otros fines relacionados.
La medida propone enmendar el Artículo 21 de la Ley 42-2017 (Ley Medicinal) para permitir que los pacientes autorizados puedan optar por obtener o renovar su Identificación de Paciente de Cannabis Medicinal por un término extendido de dos (2) o tres (3) años, en lugar del término actual de un (1) año. El paciente decidirá si prefiere la renovación anual o la extendida. Los recaudos de los sellos de rentas internas para estas licencias continuarán ingresando al Fondo General y podrán ser asignados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Para enmendar el Artículo 2 a los fines de añadir dos nuevos incisos (k) y (l) y redesignar los actuales incisos (k) al (y) como incisos (m) al (aa), respectivamente; añadir un nuevo Artículo 18-A; y enmendar el Artículo 22 de la Ley 42-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites” (“Ley MEDICINAL”), a los fines de definir y regular los intermediarios de pago de cannabis medicinal como negocios de servicios monetarios que operan en el comercio de Puerto Rico; establecer una Licencia de Intermediario de Pago expedida por la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, cuyo arancel será establecido por la Junta, y requerir, como condición para obtenerla, la licencia de negocio de servicios monetarios expedida por el Comisionado de Instituciones Financieras al amparo de la Ley 136-2010, según enmendada, conocida como “Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”, o la determinación de no aplicabilidad de dicho Comisionado; prohibir que los fondos provenientes de la venta o dispensación de cannabis medicinal en Puerto Rico sean recibidos, custodiados, procesados, compensados, liquidados, depositados o transferidos por conducto de, o hacia, cuentas, instituciones financieras, procesadores o entidades ubicadas fuera de Puerto Rico; imponer requisitos de segregación, liquidación, trazabilidad, conservación de récords e informes; facultar a la Junta y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a reglamentar, examinar y fiscalizar a dichos intermediarios dentro de sus respectivas competencias; disponer penalidades administrativas; ordenar la adopción de reglamentación coordinada; y para otros fines relacionados.
El PC 1503 enmienda la Ley MEDICINAL para definir como intermediarios de pago a quienes procesan, reciben o custodian pagos de cannabis, incluso mediante aplicaciones, ACH o tarjetas. La comisión cambió la licencia de la Junta por un registro obligatorio, renovable cada dos años, y exige que el intermediario tenga licencia de servicios monetarios de OCIF, sin la alternativa de pedir una determinación de que esa licencia no aplica. También limitó la prohibición: los fondos deben liquidarse y depositarse en cuentas de instituciones financieras autorizadas en Puerto Rico, pero ya no se prohíbe usar redes de pago nacionales; se mantienen requisitos de segregación, trazabilidad y rendición de informes. La comisión añadió el Artículo 18-B para impedir que instituciones bajo OCIF o COSSEC cierren o restrinjan la cuenta de un paciente solo porque pagó cannabis medicinal, sin eliminar las obligaciones federales de esas instituciones.
Para enmendar el Artículo 3 incisos (b) y (e) de la Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 1993, según enmendada, mejor conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de Fumar en Determinados Lugares Públicos y Privados”; para enmendar la Sección 6042.08 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, mejor conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley Núm. 40 de 1993 (Ley de Fumar) y el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley 1-2011). Amplía las zonas libres de humo en instituciones educativas, estableciendo un perímetro de 20 metros alrededor de estas, y extiende esta prohibición a hospitales y centros de salud. Adicionalmente, impone sanciones de suspensión de licencia y multas de $10,000 por vender o dispensar tabaco y cigarrillos electrónicos a menores de 21 años dentro de un perímetro de 20 metros de instalaciones educativas, de lunes a viernes entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. Afecta directamente a establecimientos que venden estos productos, menores de edad y el público en general en las áreas designadas.
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