PS 1575

Para añadir nuevos subincisos, (1) al (7), al inciso (x), enmendar el inciso (xiv) y el inciso (d) del Artículo 10 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida…

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Para añadir nuevos subincisos, (1) al (7), al inciso (x), enmendar el inciso (xiv) y el inciso (d) del Artículo 10 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”, a los fines de establecer los procedimientos y reglas para enmendar o ceder un Contrato de Alianza; fijar la obligación legal y fecha límite improrrogable para la radicación del Informe Anual de Cumplimiento; clarificar el alcance del término del Contrato de Alianza disponiendo que este puede ser un contrato principal, suplementario o subsidiario al principal; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

el Artículo 10 de la Ley 29-2009 para fijar reglas nuevas a las enmiendas y cesiones de contratos de alianza: las enmiendas requieren un informe fundamentado en el interés público y el aval de la Junta de la AAPP, y no pueden alterar la naturaleza global del proyecto, su objeto principal ni la distribución de riesgos aprobada. Si una modificación supera el 15% del costo inicial estimado del proyecto o de las aportaciones del Estado, se notifica a la Comisión Conjunta; las cesiones requieren aprobación previa, escrita e indelegable de la Junta y de la entidad gubernamental participante, y un cambio de control de 51% o más cuenta como cesión. Obliga al contratante a presentar cada año, no más tarde del 31 de marzo, un informe sobre el año natural anterior; establece sanciones administrativas por incumplimiento injustificado y exige a la AAPP un informe consolidado antes del 30 de abril, con copias de los informes recibidos. Sustituye la cláusula que permitía requerir otros informes relacionados por este informe anual obligatorio, y aclara que el contrato sujeto al límite de 50 años, más extensiones de hasta 25 años que requieren legislación, puede ser principal, suplementario o subsidiario.

Pros

•La cesión no queda a discreción exclusiva del contrato: exige aprobación previa por escrito de la Junta de la AAPP y de la entidad participante, y el sucesor debe acreditar los requisitos de capacidad y ética del Artículo 9(a). La regla también cubre cambios de control de 51% o más, mantiene la responsabilidad del cedente por incumplimientos previos y exige reajustar fianzas y pólizas, protecciones que no estaban expresamente fijadas así en la ley .
•Los contratantes pasan a tener una obligación anual concreta de informar, con datos operativos, financieros, ambientales, de mantenimiento y desempeño del año anterior, antes del 31 de marzo. La AAPP debe remitir esos informes a la Asamblea Legislativa y al Gobernador como parte de su informe consolidado del 30 de abril, y el incumplimiento injustificado puede acarrear sanciones administrativas y remedios contractuales.
•Al incluir expresamente los contratos suplementarios y subsidiarios dentro del término del Artículo 10(e), la medida hace aplicables a esos contratos el límite de 50 años y las extensiones acumuladas de hasta 25 años, sujetas a aprobación legislativa. Esto reduce la posibilidad de sostener que un contrato vinculado al principal queda fuera de esos límites por su forma o nombre.

Contras

•La notificación a la Comisión Conjunta solo se activa si una modificación supera el 15% del costo inicial estimado o de las aportaciones estatales; el texto no exige aprobación legislativa para esa modificación ni dispone que se sumen cambios sucesivos. Por ello, modificaciones separadas que individualmente no alcancen el umbral podrían no activar la notificación, aunque en conjunto produzcan un cambio mayor.
•La medida sustituye la cláusula que permitía a la AAPP o a la entidad participante requerir cualquier otro informe relacionado con los servicios, funciones o instalaciones por una obligación anual específica. Aunque el contrato todavía puede establecer requisitos de información, se elimina esa autorización expresa para pedir informes adicionales bajo ese inciso.
•La sanción por no presentar el informe depende de que el incumplimiento sea «injustificado», pero la medida no define ese criterio ni establece tipos o cuantías de sanciones administrativas. Esa falta de parámetros puede producir decisiones distintas entre contratantes o casos similares.

Intereses en juego

Beneficia a:: La AAPP y las entidades gubernamentales participantes reciben aprobación previa sobre cesiones y datos anuales estandarizados; la Comisión Conjunta recibe aviso de ciertas modificaciones. Los contratantes sucesores quedan sujetos a requisitos de capacidad y ética, y quienes cumplen con los informes evitan las sanciones previstas por incumplimiento.
Preocupa a:: Los contratantes enfrentan nuevas obligaciones de informe, controles para transferir contratos y posibles sanciones. La AAPP y las entidades participantes pierden en el Artículo 10(a)(xiv) la autorización expresa para requerir otros informes relacionados, y la Comisión Conjunta solo recibe notificación de las modificaciones que superen el umbral, sin que este cambio le otorgue aprobación sobre ellas.
Quién paga o decide:: Los contratantes preparan y radican sus informes; la AAPP asume la supervisión y la consolidación dentro de su presupuesto, y la medida no asigna fondos nuevos. La Junta de la AAPP avala las y, junto con la entidad participante, aprueba las cesiones mediante resoluciones; la AAPP impone las sanciones. Las extensiones de término siguen requiriendo legislación, como dispone la ley .

En qué va

El 19 de octubre de 2026 se radicó en el Senado; no figura referido a comisión ni con otra acción posterior.

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Trámite legislativo

Última acción · 19 de octubre de 2026

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