“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas” para que en todo contrato, subasta, licitación y, particularmente en contratos de alianza, se incluya certificación, en la cual la persona o empresa que interesa tener o luego obtenga un acuerdo de alianza público-privada con el Gobierno de Puerto Rico, establezca que no subcontratará la provisión de bienes o servicios objetos del acuerdo a miembros de su unidad familiar, sus accionistas, socios, entidades relacionadas ni ex empleados; para establecer la facultad de reglamentar; y para otros fines relacionados.”

Intereses en juego

Beneficia a:

La ciudadanía en general, al buscar mayor transparencia y evitar conflictos de interés en la adjudicación de contratos de alianzas público-privadas.

Preocupa a:

Empresas que podrían tener estructuras corporativas complejas o relaciones comerciales preexistentes que podrían verse limitadas por la prohibición de subcontratar con entidades relacionadas o ex-empleados, si no se definen claramente los términos.

Quién paga o decide:

La implementación y fiscalización recaerían en las agencias gubernamentales encargadas de las alianzas público-privadas (como la AAPP y AAFAF), cuyos costos operativos se verían impactados por la necesidad de supervisar estas nuevas certificaciones. La decisión final sobre la aprobación de contratos recae en la AAPP y la entidad gubernamental participante, bajo supervisión de la Asamblea Legislativa.