Para añadir un sub-inciso (v) en el inciso (a) del Artículo 9 de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como "Ley de Alianzas Público Privadas" para que en todo procedimiento de selección de un proponente y adjudicación de una alianza se incluya una certificación, en la cual la persona o empresa que interesa tener un acuerdo de alianza público-privada con el Gobierno de Puerto Rico, establezca que no subcontratará la provisión de bienes o servicios objetos del acuerdo a miembros de su unidad familiar, sus accionistas, socios, ex socios, entidades relacionadas ni ex empleados; para establecer la facultad de reglamentar; y para otros fines relacionados

Intereses en juego

Beneficia a:

La ciudadanía en general, al pretender reducir costos y prevenir la corrupción. También beneficia a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Oficina del Contralor al otorgarles facultad reglamentaria y de supervisión.

Preocupa a:

Proponentes de alianzas público-privadas que podrían enfrentar restricciones para subcontratar, así como empresas que podrían ser excluidas por tener vínculos de negocio o laborales pasados, limitando su capacidad de participar o de formar consorcios eficientes.

Quién paga o decide:

El costo de nómina y operación para la implementación y fiscalización recae en las agencias gubernamentales facultadas (Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Oficina del Contralor). La Gobernadora, a través de la Autoridad, y la Oficina del Contralor tienen la facultad de reglamentar y supervisar la aplicación final de la ley.