PC 415

Para enmendar los Artículos 3 y 8 de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, mejor conocida como “Ley de las Alianzas Público Privadas” con el propósito de…

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Para enmendar los Artículos 3 y 8 de la Ley Núm. 29-2009, según enmendada, mejor conocida como “Ley de las Alianzas Público Privadas” con el propósito de incluir como objeto para convertirse en Contrato de Alianza la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico; establecer la composición del Comité de Alianza para este propósito; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónRechazada

Resumen de la medida

Qué propone

Esta medida la Ley de (Ley 29-2009) para incluir la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de violencia doméstica como un proyecto elegible para ser desarrollado bajo el esquema de Alianzas Público-Privadas. Adicionalmente, modifica la composición del Comité de Alianzas para estos proyectos específicos, añadiendo al Secretario de Justicia, al Secretario de la Familia, a la Procuradora de las Mujeres y al/los alcalde(s) del municipio correspondiente, además del Director Ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas.

Pros

•Permite la utilización de mecanismos de para agilizar la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones destinadas a albergar a mujeres víctimas de violencia doméstica, potencialmente facilitando la provisión de infraestructura para estos servicios.
•Establece una composición específica para el Comité de Alianzas en estos proyectos, integrando a secretarios de departamentos clave (Justicia, Familia) y a la Procuradora de las Mujeres, lo que podría asegurar una mayor coordinación intergubernamental y enfoque en las necesidades de las víctimas.

Contras

•La medida no detalla mecanismos de fiscalización o salvaguardas específicas para asegurar que las edificaciones construidas bajo esta modalidad cumplan con los estándares de seguridad, privacidad y apoyo psicológico necesarios para las víctimas de violencia doméstica, más allá de lo que ya establezca la Ley 29-2009 en general.
•Al delegar la construcción, mantenimiento u operación a través de , se introduce el riesgo de que la priorización de la rentabilidad del contratista privado pueda entrar en conflicto con el objetivo primordial de ofrecer un refugio seguro y de calidad a las víctimas, especialmente si los contratos no están rigurosamente estructurados para proteger a esta población vulnerable.
•La inclusión de alcaldes en el Comité de Alianzas para estos proyectos, aunque busca cercanía municipal, podría introducir consideraciones políticas locales que no siempre se alineen con las necesidades más apremiantes o la protección óptima de las víctimas, especialmente si el municipio no cuenta con la infraestructura o la voluntad política para apoyar adecuadamente estos albergues.

Intereses en juego

Beneficia a:: Mujeres víctimas de violencia doméstica, al potencialmente facilitar la creación de más o mejores instalaciones de albergue a través de la agilización y financiamiento que ofrecen las .
Preocupa a:: Las mujeres víctimas de violencia doméstica, si la priorización de la rentabilidad privada en los contratos de compromete la calidad, seguridad o adecuación de los albergues; y la ciudadanía en general, si la falta de fiscalización y transparencia en los procesos de contratación bajo la Ley 29-2009 resulta en un uso ineficiente de recursos públicos o privados.
Quién paga o decide:: El financiamiento provendría de la estructura de , que puede involucrar capital privado y/o público. Las decisiones finales sobre la aprobación de contratos de alianza recaerían en la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la Junta de Directores de la Entidad Gubernamental Participante, y el Gobernador o Gobernadora.

Perspectiva histórica

La medida se inscribe en la historia de la respuesta gubernamental a la violencia de género, que ha estado marcada por la presión cívica y la acción ejecutiva, como la declaración de estado de emergencia por violencia de género en 2021. La inclusión de la Procuradora de las Mujeres en el Comité de Alianza para estos proyectos refleja el rol de fiscalización y defensa de los derechos de la mujer que ha tenido la Oficina de la Procuradora de las Mujeres desde su creación.

En qué va

La medida, Proyecto de Cámara 415, fue el 18 de marzo de 2025. Tras pasar por primera lectura y ser referida a comisión, se celebró una el 21 de abril de 2025. Finalmente, la comisión no recomendó su aprobación el 28 de septiembre de 2026.

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Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 28 de septiembre de 2026

Comisión no recomienda aprobación de la medida

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