Para añadir los Artículos 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06 y 15.07 a la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de crear el “Programa de Prevención y Protección de la Salud Mental”, y establecer un mecanismo funcional de prevención donde el Departamento de Educación en conjunto con el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico unan esfuerzos para ayudar a identificar posibles casos de negligencia, abuso y/o maltrato de menores; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo sub-inciso 70 al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de imponer la obligación al Secretario de Educación de incluir en el currículo del Programa de Salud Escolar actividades escolares, proyectos y módulos que les orienten con respecto a las condiciones de salud o trastornos del desarrollo que podrían afectar su aprendizaje, como lo son las enfermedades crónicas, entre otras.

Esta medida enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) para obligar al Secretario de Educación a incluir en el currículo del Programa de Salud Escolar actividades, proyectos y módulos educativos. Estos contenidos deberán orientar a los estudiantes sobre condiciones de salud o trastornos del desarrollo, como enfermedades crónicas, que puedan afectar su aprendizaje. La medida busca integrar esta formación en el sistema educativo público.

Para enmendar los incisos (35) y (63) de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de establecer la obligación al Secretario de Educación de diseñar e implantar un protocolo dirigido al manejo de situaciones de violencia doméstica, incluyendo la violencia en el noviazgo; y para fines relacionados.

El Proyecto del Senado 175 enmendaba la Ley 85-2018 (Ley de Reforma Educativa) para obligar al Secretario de Educación a diseñar e implementar un protocolo para el manejo de situaciones de violencia doméstica y violencia en el noviazgo en el sistema escolar. Este protocolo debía incluir prevención, manejo de casos, planes de seguridad, referidos y acceso a recursos de apoyo, en coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La medida buscaba afectar directamente a estudiantes, personal docente y administrativo del Departamento de Educación.