Para enmendar el Artículo 10.09 (a) de la ley 22 del 7 de enero de 2000, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y para otros fines.

Intereses en juego

Beneficia a:

Los estudiantes que abordan o descienden de un transporte escolar podrían beneficiarse si la sanción mayor lleva a más conductores a detenerse; el texto no garantiza ese resultado.

Preocupa a:

Los conductores que infrinjan la obligación, especialmente quienes tengan menos capacidad económica, porque la multa sube de $300 a $500 y sigue siendo uniforme.

Quién paga o decide:

El conductor sancionado paga la multa de $500. El Artículo 10.09 no asigna fondos ni delega una decisión de implementación a una figura política.