“Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 238-2004, según enmendada conocida como Ley de “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos” a los fines de adoptar el término de “diversidad funcional” y sustituir la palabra “impedimentos” o “impedidos”, conceptos que resultan discriminatorios para esa población; y para otros fines relacionados.”

Contras

• •La adopción del término 'diversidad funcional' es ambigua y carece de definiciones claras y precisas, lo que podría diluir las protecciones legales y los recursos destinados a personas con discapacidades significativas, al extender potencialmente las protecciones a casi toda la población.
• •El término 'diversidad funcional' no está reconocido en normativas federales clave como la Americans with Disabilities Act (ADA) ni en estándares internacionales (OMS, ONU), lo que podría generar conflictos de supremacía legal, exponer a Puerto Rico a demandas y poner en riesgo la obtención de fondos federales esenciales para programas de apoyo.
• •La falta de claridad en la definición de 'diversidad funcional' podría complicar la aplicación de la ley en procesos administrativos y judiciales, haciendo más difícil determinar quién califica para protecciones específicas como acomodos razonables, lo que podría incrementar litigios y reducir la efectividad de las agencias fiscalizadoras.
• •La medida omite un análisis de los costos asociados con la implementación, como la actualización de documentos legales, sistemas administrativos y capacitaciones, lo cual podría desviar recursos de servicios esenciales para personas con discapacidades, especialmente en un contexto de limitaciones fiscales y altas tasas de pobreza y desempleo en esta población.