“Para enmendar el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm.115 de 22 de julio 1974, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, a los fines de eliminar el requisito de haber saldado las penas especiales para ser elegible a recibir el beneficio de libertad bajo palabra y de establecer un plan de pago a aquellas personas a quienes se les otorgue el beneficio de libertad bajo palabra pero acarrean deudas por concepto de penas especiales; enmendar el Artículo 11 y 12 del Plan de Reorganización Núm. 8 de 2011, según enmendado, conocido como Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, a los fines de prohibir el que se le prive a un miembro de la población correccional de las rebajas en términos de sentencias, bonificaciones y del acceso a los métodos de bonificaciones por razón de acarrear deudas por concepto de penas especiales; y para otros fines.”

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”, para atemperar el sueldo de los miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra al de otras entidades gubernamentales con funciones cuasijudiciales; y para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para Fijar el Sueldo del Gobernador y de Otros Funcionarios de Gobierno”, para ampliar la lista de Funcionarios a los que el Gobernador tiene la facultad de asignarle un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte de su sueldo; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley Núm. 118 de 1974 para ajustar los sueldos del Presidente, Vicepresidente y miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra a $75,000, $65,000 y $60,000 anuales, respectivamente, y enmendar la Ley Núm. 13 de 1989 para ampliar la facultad del Gobernador de asignar un diferencial salarial de hasta un tercio (1/3) de su sueldo a otros funcionarios públicos. Afecta directamente a los miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra y potencialmente a otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Para derogar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 254 de 27 de Julio de 1974, según enmendada, conocida como la “Certificado de Antecedentes Penales” e insertar dos nuevos Artículos 3 y 4, a los fines de establecer que una vez extinguida la pena impuesta en su totalidad, al momento de liberarse al convicto se haga entrega de un récord de antecedentes penales negativo con excepción a los que hayan delinquido en los siguientes casos: asesinato en todas sus modalidades, agresión sexual, pornografía infantil (producción, posesión, propaganda, transmisión o distribución), corrupción, crímenes de violencia de género y/o crímenes de lesa humanidad; y para otros fines relacionados

La medida propone derogar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 254 de 1974, conocida como la ley del Certificado de Antecedentes Penales, para insertar nuevos artículos. Estos nuevos artículos establecerían que, una vez cumplida en su totalidad una pena impuesta, se eliminará la condena del récord de antecedentes penales. Sin embargo, esta eliminación no aplicará a personas convictas por delitos de asesinato, agresión sexual, pornografía infantil, corrupción, crímenes de violencia de género o crímenes de lesa humanidad. El proceso de eliminación varía entre delitos menos graves (solicitud ante el Superintendente de la Policía) y delitos graves (solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia, con requisitos adicionales). Afecta directamente a las personas con historial delictivo que hayan cumplido sus sentencias y que no hayan cometido delitos de las categorías excluidas.

Para añadir un nuevo Artículo 10-C y enmendar el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, a los fines de crear el Sistema Transparente de Créditos Rehabilitadores; disponer el registro, certificación, notificación y revisión de actividades rehabilitadoras de la población correccional; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1280 propone crear el Sistema Transparente de Créditos Rehabilitadores, añadiendo un nuevo Artículo 10-C al Plan de Reorganización Núm. 2-2011. Este sistema busca registrar, certificar, notificar y evaluar de manera uniforme y verificable las actividades de rehabilitación de la población correccional, como trabajo, estudio o tratamientos. Se enmienda también el Artículo 12 para que las bonificaciones concedidas, denegadas o revisadas se registren en este nuevo sistema. Afecta directamente a las personas bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación y a los procesos administrativos y de evaluación dentro del sistema correccional.