Qué propone
La medida busca establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el derecho de toda persona con diversidad funcional a acceder a la información pública en formatos accesibles y comprensibles. Ordena a todas las entidades gubernamentales y contratistas públicos a cumplir con criterios de accesibilidad en sus publicaciones y divulgaciones oficiales, tanto electrónicas como impresas. El proyecto se enfoca en garantizar el acceso equitativo a la información pública para personas con impedimentos mediante formatos accesibles.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
El Proyecto del Senado 533 fue el 10 de abril de 2025 y referido a comisión. Un primer sin fue rendido el 24 de junio de 2025, pero posteriormente fue por su autor el 12 de noviembre de 2025, siendo devuelto a comisión.
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Última acción · 12 de noviembre de 2025
por su Autor
Otras medidas sobre el mismo asunto, encontradas por significado (no solo por palabras).
Para enmendar el inciso (q) del Artículo 3 y el inciso (a) del Artículo 12 de la Ley Núm. 101-2017, a los fines de disponer de manera prospectiva la responsabilidad de la Oficina de Servicios Legislativos de difundir en formato de audio aquellas medidas legislativas de alto interés público presentadas en la Asamblea Legislativa, con el propósito de que sean accesibles a la población con algún grado de discapacidad funcional que así lo requiera; y para otros fines relacionados.
La medida enmienda la Ley Núm. 101-2017 para asignar a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) la responsabilidad de difundir de manera prospectiva las medidas legislativas de alto interés público en formato de audio. El objetivo es hacerlas accesibles a personas con discapacidad visual o funcional, y a la ciudadanía en general. La implementación requerirá la adaptación de la plataforma SUTRA y la posible contratación de personal adicional, con un costo estimado de $103,008.
“Para crear la “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”, a los fines de requerir que las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico que informen a los ciudadanos cuando estén interactuando con sistemas automatizados o inteligencia artificial y garantizar el derecho a solicitar la intervención de un ser humano en la prestación de servicios públicos; y para otros fines relacionados.”
La medida crea la "Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por IA". Requiere que las agencias, corporaciones públicas y contratistas del Gobierno de Puerto Rico informen claramente a los ciudadanos cuando interactúen con sistemas automatizados o inteligencia artificial, antes de que comience la interacción. Además, garantiza el derecho de toda persona a solicitar la intervención de un ser humano en cualquier gestión, consulta o servicio ofrecido por estos sistemas, asegurando una opción accesible para escalar la interacción. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), tendrán 120 días para establecer el reglamento de implementación.
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