Para enmendar el inciso (q) del Artículo 3 y el inciso (a) del Artículo 12 de la Ley Núm. 101-2017, a los fines de disponer de manera prospectiva la responsabilidad de la Oficina de Servicios Legislativos de difundir en formato de audio aquellas medidas legislativas de alto interés público presentadas en la Asamblea Legislativa, con el propósito de que sean accesibles a la población con algún grado de discapacidad funcional que así lo requiera; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.01, 1.02, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.11, 2.13, 2.14, 3.01 y 4.01 de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de adoptar el término de “diversidad funcional” y sustituir la palabra “impedimentos” o “impedidos”; conceptos que resultan discriminatorios para esa población; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 321 busca enmendar múltiples artículos de la Ley 158-2015, conocida como la Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, para sustituir los términos 'impedimentos' e 'impedidos' por 'diversidad funcional'. El propósito declarado es adoptar un lenguaje más inclusivo y menos discriminatorio para referirse a esta población. La medida afectaría la terminología utilizada en documentos oficiales, procesos legales y la percepción pública de las personas con discapacidades.

Para añadir un nuevo Artículo 6 y reenumerar los actuales Artículos 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 respectivamente, como los Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 y 18 de la Ley 101-2017, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”, a los fines de crear el “Comité Multisectorial de Transparencia en la Gestión Pública de la Asamblea Legislativa”, como organismo adscrito a la Oficina de Servicios legislativos (OSL); establecer sus poderes y funciones, política pública, composición; facultar para implementar la reglamentación pertinente y los programas piloto de ejecución, así como establecer las responsabilidades de sus miembros, rendir informes y referidos a la Asamblea Legislativa, a los fines de instaurar un mecanismo de evaluación integral sobre los procesos de adopción y cumplimiento de las gestiones, obras y servicios gubernamentales en etapas previas o en curso para su ejecución a través de métricas sencillas y ágiles para monitorear su progreso por representantes designados por los presidentes de ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa, así como la academia, las comunidades, juntas o colegios profesionales, el sector privado y de la sociedad civil que participen de este voluntariamente; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear el Comité Multisectorial de Transparencia en la Gestión Pública de la Asamblea Legislativa, adscrito a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL). Este comité, compuesto por 19 miembros de diversos sectores (legislativo, académico, sociedad civil, sector privado), evaluará gestiones, obras y servicios gubernamentales en etapas tempranas o en curso. Su objetivo es identificar y facilitar acciones correctivas en tiempo real, complementando las fiscalizaciones posteriores, y rendirá informes a la Asamblea Legislativa.

“Para crear la “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”, a los fines de requerir que las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico que informen a los ciudadanos cuando estén interactuando con sistemas automatizados o inteligencia artificial y garantizar el derecho a solicitar la intervención de un ser humano en la prestación de servicios públicos; y para otros fines relacionados.”

La medida crea la "Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por IA". Requiere que las agencias, corporaciones públicas y contratistas del Gobierno de Puerto Rico informen claramente a los ciudadanos cuando interactúen con sistemas automatizados o inteligencia artificial, antes de que comience la interacción. Además, garantiza el derecho de toda persona a solicitar la intervención de un ser humano en cualquier gestión, consulta o servicio ofrecido por estos sistemas, asegurando una opción accesible para escalar la interacción. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), tendrán 120 días para establecer el reglamento de implementación.