“Para establecer la “Ley de Alimentos para el Pueblo”, a los fines de prohibir el desperdicio de alimentos y fomentar la donación solidaria desde los supermercados a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a combatir el hambre en Puerto Rico; para disponer sobre el proceso de disposición de excedentes y demás reglamentaciones; y para otros fines relacionados.”

“Para crear la “Ley de Distribución de Excedentes de Alimentos”, a los fines de fomentar e incentivar el manejo eficaz de excedentes de alimentos, así como promover una mayor y mejor distribución y suplido de alimentos; establecer la Comisión para la Planificación de Distribución de Excedentes de Alimentos; establecer sus deberes y responsabilidades; y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 565 propone crear la Ley de Distribución de Excedentes de Alimentos para fomentar el manejo y distribución eficaz de excedentes de alimentos. Establece la Comisión para la Planificación de Distribución de Excedentes de Alimentos con deberes y responsabilidades específicas. Busca promover colaboraciones multisectoriales entre el sector privado, OSFL y el gobierno para abordar la inseguridad alimentaria en Puerto Rico.

Para crear la “Ley para Reducción de Desperdicio Alimentario y la Redistribución Solidaria de Alimentos en Puerto Rico”; a los fines de establecer obligaciones de redistribución de alimentos aptos para consumo humano por parte de determinados establecimientos comerciales; prohibir la destrucción intencional de alimentos aptos; disponer sobre reglamentación, fiscalización, responsabilidad y penalidades; y para otros fines relacionados.

La medida P. del S. 1233, titulada “Ley para la Reducción de Desperdicio Alimentario y la Redistribución Solidaria de Alimentos en Puerto Rico”, buscaba establecer la obligación de determinados establecimientos comerciales (supermercados, megatiendas, etc., de 8,000 pies cuadrados o más) de donar o redistribuir alimentos aptos para consumo humano antes de descartarlos. Prohibía la destrucción intencional de estos alimentos y delegaba la fiscalización y reglamentación al Departamento de Agricultura, con participación de otras agencias. La medida afectaría directamente a grandes comercios de alimentos y a organizaciones sin fines de lucro que recibirían las donaciones, así como a la población vulnerable que se beneficiaría de un mayor acceso a alimentos.

Para crear la "Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario de Puerto Rico"; establecer la obligación de los agentes de la cadena alimentaria de contar con un Plan de Prevención; instituir una jerarquía de prioridades para el uso de alimentos; establecer penalidades por incumplimiento; y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la 'Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario de Puerto Rico'. Obliga a supermercados, restaurantes, comedores institucionales, distribuidores y manufactureros de alimentos a implementar un Plan de Prevención para minimizar el desperdicio. Establece una jerarquía estricta para el destino de alimentos excedentes, priorizando el consumo humano mediante donación, seguido por transformación industrial y, finalmente, usos como alimentación animal o compostaje. Prohíbe el descarte de alimentos aptos para consumo o aprovechamiento y establece multas administrativas por incumplimiento, hasta $500.00 por faltas graves o reincidencia, a ser impuestas por el Departamento de Salud.