Para enmendar el título y los Artículos 1 y 2 de la Ley 23-2023, conocida como “Ley del Servicio de Etiquetas Parlantes en las Farmacias en Puerto Rico”, a los fines de establecer la responsabilidad de las aseguradoras médicas en cuanto a los servicios especializados que requieran las personas ciegas o con impedimento visual, aportando al costo del servicio de etiquetas parlantes, bajo los parámetros de esta Ley; definir persona ciega y con deficiencia visual grave; y para otros fines relacionados; y para otros fines relacionados.

Contras

• •El articulado no especifica mecanismos de fiscalización ni penalidades para las aseguradoras o terceros contratados que incumplan con la obligación de aportar el 'fee' de dispensación especial, lo que podría dejar desprotegido el cumplimiento de esta nueva disposición.
• •Aunque se establece un mínimo de $2.00 por dispensación, la medida omite la posibilidad de que las farmacias puedan reclamar un costo mayor si el servicio de etiqueta parlante excede dicho monto, lo que podría generar un desbalance financiero para las farmacias que incurran en gastos superiores.
• •La Ley 23-2023 original ya contemplaba un plazo de 180 días para la aprobación del reglamento por parte del Departamento de Salud (Artículo 5). Esta enmienda reduce dicho plazo a 90 días, lo cual podría ser insuficiente para la complejidad de reglamentar la aportación de aseguradoras y la definición de criterios médicos, sin que se detallan las razones de la reducción o si el Departamento de Salud cuenta con los recursos para cumplir en menor tiempo.
• •La Ley 23-2023 vigente (Artículo 3) ya establecía multas administrativas de hasta $500.00 por parte del Departamento de Salud por incumplimiento de las farmacias. La presente enmienda, al añadir la responsabilidad de las aseguradoras, no actualiza ni detalla las penalidades específicas que aplicarían a estas entidades en caso de incumplimiento, creando una laguna en la aplicación coercitiva de la ley para este nuevo actor.