Para enmendar el Artículo 77, inciso 2, de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los fines de ajustar los honorarios notariales por la autorización de instrumentos públicos con cuantía, aumentando las tarifas del uno por ciento (1%) al diez por ciento (10%) y del uno y medio por ciento (1.5%) al diez y medio por ciento (10.5%) en ciertos casos, en respuesta a la realidad económica actual de Puerto Rico; garantizar una compensación justa para los notarios en reconocimiento a su preparación académica y profesional; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 56 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico", a los fines de atemperar sus disposiciones al Código Civil de Puerto Rico de 2020, eliminar referencias a disposiciones derogadas del Código Civil de 1930, aclarar el alcance y límites del testimonio de autenticidad en documentos no matrices, establecer una excepción expresa para la autenticación de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles otorgados en documentos privados independientemente del plazo pactado (salvo cuando se busque inscripción registral para oponibilidad a terceros); convalidar retroactivamente contratos de arrendamiento inmobiliario autenticados en documento privado antes de la vigencia de esta Ley; promover la seguridad jurídica y reducir ambigüedades en la práctica notarial; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda el Artículo 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Núm. 75 de 1987) para actualizarla al Código Civil de 2020. Elimina referencias obsoletas al Código Civil de 1930, aclara el alcance del testimonio de autenticidad de firmas en documentos privados, y crea una excepción para la autenticación de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. Esta excepción permite la autenticación de estos contratos en documentos privados sin importar el plazo, salvo que se busquen inscribir en el Registro de la Propiedad para oponibilidad a terceros. Además, convalida retroactivamente contratos de arrendamiento inmobiliario autenticados en documento privado antes de la vigencia de esta ley.

Para enmendar el Artículo 58, derogar el actual Artículo 59 y sustituirlo por uno nuevo, y enmendar el Artículo 60 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los fines de establecer la obligación de los notarios de informar los testimonios en el índice mensual, eliminando así el requisito de la inscripción en el Registro de Testimonios; enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada, a los fines de eliminar el Registro de Testimonios; establecer disposiciones transitorias; y para otros fines relacionados.

Esta medida propone eliminar el requisito de que los notarios mantengan un Registro de Testimonios manuscrito, sustituyéndolo por la obligación de informar estos testimonios en un índice mensual a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Los notarios deberán incluir en este índice el número, fecha, otorgantes, descripción del objeto del testimonio y certificación de cancelación de sellos para la Sociedad para la Asistencia Legal. Se enmiendan los artículos 58, 59 y 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley 75-1987) y los artículos 2 y 4 de la Ley 47-1982.

Para añadir un nuevo Artículo 92-A a la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como la “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” a los fines de autorizar a los notarios a autorizar la sustitución de pagaré extraviado dañado o mutilado, en sede notarial en ciertos casos, para ordenar al Departamento de Justicia a enmendar las disposiciones del Reglamento Núm. 8814, denominado como “Reglamento para la Ejecución de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, así como cualesquiera otras afectadas por esta Ley; y para otros fines relacionados

La medida añade un Artículo 92-A a la Ley 210-2015 para autorizar a los notarios a tramitar la sustitución de pagarés extraviados, dañados o mutilados en ciertos casos, eliminando la necesidad de recurrir a la vía judicial. Esto se aplicará cuando la obligación subyacente esté vigente, el pagaré no haya sido negociado y todas las partes interesadas comparezcan ante notario. Además, ordena al Departamento de Justicia a enmendar el Reglamento Núm. 8814 y otras normativas afectadas para reflejar este nuevo procedimiento notarial.