“Para enmendar la Sección 10 de la Ley 72-1993, según enmendada y conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” a los fines de establecer que a partir del 1 de julio de 2027, los gobiernos municipales no tendrán la obligación de realizar aportaciones al Plan de Seguro de Salud creado al amparo de la presente Ley; y para otros fines relacionados.”

Contras

• •El articulado no especifica cómo se compensará la pérdida de fondos municipales que actualmente se destinan a las aportaciones al Plan de Seguro de Salud, ni detalla cómo se asegurará la continuidad y calidad de los servicios de salud cubiertos por el plan para los empleados municipales y sus dependientes si los municipios dejan de aportar.
• •La medida establece una fecha de vigencia (1 de julio de 2027) que coincide con la posible derogación del impuesto al inventario para los municipios. Si no se aprueba un mecanismo de sustitución para el impuesto al inventario, los municipios podrían enfrentar una doble reducción de ingresos sin una estrategia clara de mitigación, lo que podría afectar severamente su capacidad para proveer servicios esenciales.
• •La Exposición de Motivos menciona que el impacto fiscal de estas aportaciones puede alcanzar los $450 millones anualmente para las finanzas municipales, pero el articulado no cuantifica ni detalla el monto específico que los municipios dejan de aportar bajo esta ley, ni el impacto directo en el financiamiento del Plan de Salud de ASES o en los servicios que este provee.
• •El Artículo 10 de la Ley 72-1993, que se enmienda, detalla el financiamiento de la Administración y del Plan de Salud. Al eliminar la aportación municipal sin un mecanismo alternativo de financiamiento o compensación, la medida podría desfinanciar o desestabilizar el Plan de Salud, afectando a sus beneficiarios y a la sostenibilidad de la Administración de Seguros de Salud (ASES).