Para enmendar el inciso (t) del Artículo 3 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, a los fines de expandir y actualizar la definición de “terreno” para atemperarla a las realidades contemporáneas, incluyendo aspectos de sostenibilidad ambiental, usos multifuncionales y consideraciones tecnológicas; añadir los incisos (x), (y) y (z) al mismo Artículo 3 para incorporar definiciones de “zona rural”, “zona de reserva natural” y “zona protegida”, respectivamente, con el propósito de fortalecer el marco regulatorio de planificación urbana y ambiental, promover la conservación de recursos naturales y facilitar una gestión territorial más equitativa y adaptada a los desafíos actuales; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 13 y 15 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, a los fines de priorizar la captación, preservación, distribución y uso eficiente del agua en el Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico y en el Programa de Inversiones de Cuatro Años; proponer enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda los Artículos 13 y 15 de la Ley Núm. 75 de 1975, Ley Orgánica de la Junta de Planificación. Su propósito es integrar formalmente la priorización de la captación, preservación, distribución y uso eficiente del agua en el Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico y en el Programa de Inversiones de Cuatro Años. Esto afecta directamente a la Junta de Planificación en su rol de elaborar y actualizar estos documentos rectores de la planificación territorial y de inversiones públicas.

Para enmendar el Articulo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", a los fines de establecer que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, para presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria u otro recurso adecuado, deberá alegar de manera específica que posee un interés propietario o personal sujeto a un daño inminente, que dicho daño puede vincularse razonablemente a la conducta de la parte promovida y que el daño sufrido en el interés propietario o personal es susceptible de reparación mediante el remedio solicitado; añadir al inciso (1) de dicho Artículo que cuando se solicite la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa, haya sido con la intención de inducir a error al ente que emite el permiso, y que en cualquiera de los casos, ya sea por la información incorrecta o falsa, de haberse considerado todos los factores reales, no lo hubiera aprobado; enmendar el Artículo 6.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", a los fines de armonizar las disposiciones sobre ordenación territorial y desarrollo de terrenos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 (Ley de Permisos) para exigir que cualquier persona natural o jurídica que presente una acción legal (como injunction o mandamus) deba alegar específicamente un interés propietario o personal sujeto a daño inminente, razonablemente vinculado a la conducta del demandado y reparable por el remedio solicitado. También modifica el Artículo 6.007 del Código Municipal para armonizar disposiciones sobre ordenación territorial, clarificando criterios para el uso de suelo rústico especialmente protegido, permitiendo su desarrollo bajo ciertas condiciones como proyectos estratégicos (incluyendo los PROMESA) o justificaciones técnicas/ambientales. Afecta directamente a ciudadanos y entidades que buscan impugnar permisos o usos, y a la planificación territorial municipal.

Para enmendar el inciso (n) de la Sección 1.03 de la Ley 151 de 28 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la “Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 1968”; y el inciso (o) del Artículo 3 de la Ley 110-2020, mejor conocida como “Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico”, a fines de redefinir la Zona Marítimo Terrestre, adoptando mayores garantías de seguridad pública y conservación del bien de dominio público; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 628 propone enmendar la Ley de Muelles y Puertos de 1968 y la Ley del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales para redefinir la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Busca integrar criterios geográficos y topográficos más allá de las mareas, como dunas y salitrales, para una delimitación más precisa y actualizada. Afecta principalmente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de los Puertos (AP) en la administración y delimitación de estas áreas, así como a posibles desarrolladores y ciudadanos que usan o poseen terrenos en la costa.